Piccinini apeló ante el STJ para que la acepten como querellante en causa Flavors

Cipolletti.- La defensora del Pueblo, Ana Piccinini, pidió a al Superior Tribunal de Justicia (STJ) que revoque la sentencia que rechaza su petición de ser querellante y de esta manera representar a los ciudadanos afectados por consumir los productos de la empresa Flavors.Con ese objetivo la Piccinini interpuso un Recurso de Casación para que el Superior Tribunal de Justicia revoque la sentencia dictada por la Cámara Penal Sala B de Viedma, que rechaza su petición de representar a los afectados por el consumo de la comida -reconocidamente probada en mal estado- entregada por la empresa Flavors, en el marco de los programas “Comer en Familia” y “Comedores Escolares y Desayuno y Merienda Escolar”, publica hoy la agencia de noticias ADN. En su escrito extrae un párrafo que considera paradigmático y que solicita sea especialmente analizado por el Superior Tribunal: “En efecto, se habla de la salud y de la vida y de alimentos no aptos para el consumo. Pero el solo hecho de no ser apto para el consumo no trasunta a nuestro juicio, un daño de por sí a la salud de los individuos, o que de alguna manera ponga en peligro la vida”.A partir de lo expuesto Piccinini solicitó al Tribunal que se ponga en la situación de esas personas, destacando que “lo mínimo que debería garantizarles la jurisdicción es una investigación cierta que bajo parámetros científicos llegue a dicha conclusión y no simples afirmaciones vacías que contradicen contundentes informes realizados al efecto y agregados a la causa”.Piccinini cuestionó en su escrito que le sea negada la representación de la sociedad ante hechos de corrupción que afectan al sistema democrático, circunstancia que le es reconocida a organizaciones no gubernamentales fundado en el mismo artículo 43 de la Constitución Nacional que menciona igualmente al Defensor del Pueblo y así contradijo el fallo destacando que “no sólo el Fiscal debe velar por ello, sino que siendo un delito que afecta la administración publica se encuentra dentro de las competencias como órgano de control del Estado provincial”.Finalmente reitera que la posición de debilidad económica de los perjudicados con los alimentos les impide acudir a la justicia en defensa de sus derechos y “yo quiero representarlos gratuitamente y sin costas, conforme me faculta el artículo 9 inc. b de la ley 2.756 que fuera reconocido por todos los juzgados federales provinciales, inclusive la Cámara de General Roca que me tiene por parte en la conocida acción para evitar el aumento del Gas a partir de los cargos tarifarios impuestos por decreto”, expresa la Defensora del Pueblo en su escrito.“No cabe duda entonces – indica Piccinini- que conforme el artículo 167 de la Constitución Provincial: Corresponde al Defensor del Pueblo la defensa de los derechos individuales y colectivos frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial y aquí estamos claramente frente a uno de ellos.“Por ello insisto en que se pretende limitar, sin fundamento legal, las facultades de esta Defensora del Pueblo, quién intenta colaborar aportando los conocimientos que obtuvo por haber tenido contacto directo con los damnificados y los hechos que se ventilan en la causa”.La Defensora del Pueblo considera que el carácter restrictivo que intenta imponerse al artículo 167 de la Constitución Provincial deberá ser revertido por el Superior Tribunal de Justicia y, en su caso, la Corte Nacional o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la cual la Defensora expresa reserva de recurrir.