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El domingo se sumaron exigencias de la oposición dialoguista, pero nadie puso en dudas el acuerdo para blindar a la petrolera de la ola privatizadora.
Con algunas puntas del ovillo sueltas todavía, el gobierno de Javier Milei espera aprobar la Ley Ómnibus antes de que termine esta semana. Lo que quedó cerrado entre los negociadores parlamentarios y el Ejecutivo es la exclusión de la petrolera YPF de la lista de empresas a privatizar. También fue excluida del texto original la avanzada del poder central sobre la propiedad de Neuquén sobre sus recursos hidrocarburíferos.
La mayor tensión entre la Nación y la Provincia desde el desembarco de Milei en el poder se produjo por causa de la invasión en un derecho que adquirió la provincia con la reforma constitucional del ‘94 y la denominada Ley Corta, aprobada más de una década después.
La Ley Ómnibus sigue en plena negociación. Ayer, el ministro del Interior del gobierno nacional, Guillermo Francos, dijo que el presidente Milei estaba “impaciente” por la demora en la conquista de los votos de legisladores necesarios para la aprobación a la mitad del plexo legal que planteó no bien asumió con la intención confesa de poner patas para arriba la forma de administrar el Estado y de convivir en sociedad que están establecidas.
En la noche la discusión se empantanó en la negociación de Milei con los gobernadores radicales, quienes pidieron a sus legisladores que no avancen con el apoyo si el Presidente no centra el ajuste en la administración nacional sin afectar la cuentas de los estados federales.
La situación de la privatización de YPF no volvió a tratarse de forma pública desde que el gobierno se comprometió a eliminar a la petrolera de la lista de empresas a privatizar. En realidad, YPF no es estatal, sino que es Estado, es dueño de la mayoría accionaria. Entonces, una potencial privatización comprendería la venta del porcentaje de acciones que son propiedad del Estado.
Las provincias también tienen acciones dentro del paquete estatal, con lo cual la presión desde estas para que Milei desistiera de privatizarla fue determinante para el compromiso del Ejecutivo de modificar el proyecto en ese punto.
De todos modos, todos los acuerdos están sellados de palabra. Todavía el gobierno no mandó un borrador del dictamen que quiere que le aprueben.