"La jueza de Dios": el polémico documental que podría tirar abajo el juicio por Maradona

El Tribunal Oral en lo Criminal que juzga a profesionales de la salud por la muerte de Diego Armando Maradona decidió suspender el proceso durante una semana. El objetivo es permitir que la Fiscalía 1 avance con una investigación interna sobre la jueza Julieta Makintach, acusada de mantener vínculos con una productora interesada en realizar un documental sobre el juicio.

Este paréntesis judicial no es una mera cuestión de tiempos administrativos. La suspensión deja en evidencia la fragilidad del proceso, que corre riesgo de anularse por completo si se comprueba alguna irregularidad grave. En ese escenario, debería iniciarse un nuevo juicio, con otro tribunal y el llamado nuevamente de todos los testigos, lo que implicaría retroceder a foja cero.

Makintach quedó en el centro del escándalo tras la audiencia del jueves pasado, cuando se denunció la presencia de personas no acreditadas filmando dentro de la sala. La defensa del neurocirujano Leopoldo Luque, a cargo del abogado Julio Rivas, solicitó su recusación alegando parcialidad, cuestionando el tono de sus intervenciones y su rol en el ingreso de esas personas no identificadas. Si bien el Tribunal rechazó inicialmente el pedido, las dudas persisten.

El debate se desvió del caso Maradona

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La jueza del caso Maradona quedó comprometida por un documental.

Durante la última audiencia, que fue la número 19, el eje del debate dejó de ser la muerte del exfutbolista para centrarse en las sospechas sobre la magistrada. Makintach, con 27 años de carrera judicial y sin antecedentes de recusación, rechazó las acusaciones.

En su única intervención del día, afirmó que no existe ningún vínculo con productoras, ni participación en documental alguno. Según explicó, las dos personas que filmaron eran allegadas: una amiga de la infancia y el esposo de una amiga.

Sin embargo, la controversia escaló rápidamente. Los abogados de Dalma y Gianinna Maradona, y de Dieguito Fernando –Fernando Burlando y Mario Baudry– presentaron una denuncia penal contra Makintach. Apuntan a delitos como abuso de autoridad, prevaricato y cohecho. Reclaman una investigación profunda que determine si hubo intenciones externas que afecten la transparencia del juicio.

A pesar de sus diferencias, todas las partes expresaron la misma preocupación: evitar que el juicio se derrumbe. La mayoría apoyó la suspensión para dar tiempo a que se aclaren los hechos. Solo tres defensores se manifestaron en contra, por temor a que, si no se encuentran pruebas contundentes, el proceso judicial quede entrampado en una pausa sin sentido.

"La jueza de Dios"

"La Jueza de Dios", se llamaría el documental que la productora Pegsa, de la que son dueños Juan Makintach (hermano de la jueza) y Agustín Pichot, estaría filmando en el mismo recinto según algunos trascendidos que no pudieron confirmarse.

Makintach tendría firmado "un contrato" con la BBC para hacer un "documental sobre las audiencias", según Mario Braudry, abogado de Verónica Ojeda.

Las consecuencias de una posible nulidad

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Claudia Villafañe y Gianinna Maradona acompañaron a Dalma en su declaración por el juicio que investiga las causas de la muerte de Diego Armando Maradona.

La eventual remoción de Makintach, sumada a la denuncia penal y a la posibilidad de que existiera una filmación no autorizada del juicio, podría provocar la nulidad del proceso. Esto implicaría empezar desde cero, con un nuevo tribunal, nuevas audiencias y la repetición de todos los testimonios, pruebas y materiales sensibles, como las imágenes de la autopsia y las conversaciones privadas del entorno de Maradona.

Los representantes legales de los imputados están divididos. Algunos pidieron tiempo para que la investigación se desarrolle con mayor profundidad. Otros, más cautelosos, se negaron a acompañar el pedido de suspensión, alegando que sin pruebas firmes el daño podría ser mayor.

El juicio busca determinar si los profesionales que asistieron a Maradona en sus últimos días cometieron negligencias que derivaron en su muerte. La acusación contra todos ellos es por homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. No es obligatorio que los imputados asistan a todas las audiencias, pero el hecho de que el Tribunal haya citado a los siete para el próximo martes refuerza la gravedad del momento: si el juicio se cae, será difícil retomar el rumbo.