{# #} {# #}
Con la medida se anuló partes clave de dos leyes. Sostienen que Nación no debe ocuparse de esas tareas y apunta a reducir estructuras del Estado.
Con la publicación del Decreto 436/2025, el Gobierno Nacional eliminó artículos centrales de dos leyes que promovían políticas públicas sobre violencia de género y educación vial en el ámbito escolar. La medida fue impulsada por el presidente Javier Milei y refrendada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
De ese modo, con esta medida se disolvió el Observatorio de la Educación Vial y suprimió la jornada obligatoria “Educar en Igualdad” en todo el sistema educativo.
El decreto, que empezó a regir tras su publicación en el Boletín Oficial, apunta a reducir estructuras estatales que, según el Poder Ejecutivo, duplicaban funciones. En concreto, se eliminaron el artículo 3° de la Ley 27.234 y los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214. El texto oficial argumenta que estas disposiciones creaban competencias que ya no deberían recaer sobre el Gobierno nacional.
Según el documento, el Observatorio de la Educación Vial compartía objetivos con el Consejo Federal de Seguridad Vial, lo que generaba una “superposición de funciones”. La administración de Milei entendió que mantener ambas estructuras implicaba una carga innecesaria de personal, recursos y procedimientos que podían concentrarse en un solo organismo. Con ese criterio, optó por mantener únicamente el Consejo Federal.
La otra modificación relevante del decreto impacta directamente en la política de género en las escuelas. El artículo 3° de la Ley 27.234 establecía la obligación de organizar, una vez por año, la jornada “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” en todos los establecimientos educativos del país. A partir del nuevo decreto, esta obligación desaparece.
El Gobierno justificó la eliminación con el argumento de que la organización de estas actividades debe quedar bajo la órbita de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para respaldar esta idea, se citó la Ley 24.049, que transfirió la administración de los servicios educativos a las jurisdicciones locales.
Desde el Ministerio de Capital Humano, se sostiene que no le corresponde al Estado nacional coordinar jornadas escolares durante el ciclo lectivo. El texto oficial plantea que el Ejecutivo ya no tiene competencia directa sobre la ejecución de programas educativos en territorio provincial. De este modo, se traslada la decisión sobre estas jornadas a cada distrito.
En paralelo, desde enero, el Gobierno revisa los contenidos de Educación Sexual Integral (ESI) a través de un equipo técnico del mismo ministerio. El objetivo, según fuentes oficiales, es adaptar la ESI a la normativa vigente y asegurar un enfoque más “coherente” con la nueva línea de política educativa.
El Decreto 436/2025 forma parte del paquete de medidas orientadas a reducir lo que el Gobierno considera “sobredimensionamiento de la estructura estatal”. En línea con las bases de la Ley 27.742 —que declaró la emergencia pública en varias áreas—, el Ejecutivo busca recortar gastos, eliminar organismos superpuestos y reestructurar funciones.
En el caso del Observatorio de Educación Vial, el decreto admite que nunca logró operar plenamente. Aun así, la decisión de disolverlo y transferir sus objetivos al Consejo Federal de Seguridad Vial marca una señal política clara: solo quedarán en pie los organismos que el Ejecutivo considere estrictamente necesarios.
La medida fue enviada a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, cumpliendo así con lo establecido en la Ley 26.122, que regula la intervención legislativa en los decretos de necesidad y urgencia o de delegación. Este paso formal no impide la aplicación inmediata de la norma, que entró en vigor al día siguiente de su publicación.
Con esta decisión, el Gobierno avanza sobre dos temas sensibles en la agenda educativa: la prevención de la violencia de género en las escuelas y la formación vial para estudiantes. La supresión de estructuras y jornadas obligatorias abre un nuevo capítulo en la disputa por el rol del Estado en la educación pública.