Una vez más, el cipoleño José “Chiqui” Forno recibió una contundente respuesta negativa a su pedido de una posible excarcelación. El hombre, que cumple un castigo unificado de 33 años de prisión efectiva, pretendía ser liberado a partir del argumento de que la última sentencia en su contra no se encuentra firme.
La solicitud de Forno se formalizó la semana pasada a través de su abogado particular, y desde la fiscalía de la Cuarta Circunscripción se rechazó esa posibilidad. Los dos descargos fueron analizados en los últimos días y ayer se conoció lo resuelto, confirmando la prisión preventiva del cabecilla de la megabanda de boqueteros.
Desde la pandemia del coronavirus, los integrantes de la organización delictiva no impulsaban pedidos para que revisen las medidas cautelares que cumplen desde su detención primigenia. En su totalidad, los condenados quedaron tras las rejas debido a que se les impusieron severas penas de cárcel que superan los 10 y 20 años. De igual modo, mediante recursos impulsados por sus defensores, han buscado que se revisen las preventivas.
Uno de los que había logrado un pronunciamiento a su favor tras un reclamo de prisión domiciliaria fue Pablo “Penche” Muñoz, quien cumple un castigo de 20 años. Sin embargo, tanto el Ministerio Público Fiscal local como la parte querellante se opusieron en forma tajante y obligaron a que se revise el fallo a favor elaborado por un magistrado cipoleño.
Respecto de Forno, una de sus últimas solicitudes se apoyó en “razones humanitarias”, que se vinculaban a su familia. De igual modo, la respuesta fue totalmente negativa.
Forno arrastra dos condenas de la Justicia de la Cuarta Circunscripción. Primero, fue declarado culpable por estafas con oficios truchos y se le impuso un castigo de seis años por el delito de defraudación a la administración pública. Luego, una segunda investigación lo identificó como uno de los líderes de una banda de delincuentes que protagonizaron una serie de hechos en gran parte de la región. También por estos ilícitos fue condenado y, tras una unificación, fue castigado a 33 años de cárcel. No fue el único que recibió una dura pena: Benito Pereira Canuillan y Gustavo Iván Curruhuinca purgan penas casi similares, por arriba de los 30 años.
Otros integrantes de la banda delictiva cumplen condenas por debajo de los 20 años.
Tuvo el beneficio de la domiciliaria
La situación de José “Chiqui” Forno fue variando en el tiempo y, en el marco de la última investigación ligada a las actividades ilícitas de la megabanda, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria, vigilado con una tobillera GPS.
Pero la fiscalía comprobó algunas irregularidades y en 2019 reclamó que permanezca preso. Luego, fue condenado por los robos y asaltos a casas particulares y empresas de la zona.
El fallo condenatorio ya atravesó las instancias del ámbito provincial y solo resta una última intervención de la Corte.