Modificarán la Ley de Transparencia Frutícola en Río Negro

Cipolletti.- Quienes no registren instrumentos de vinculación por la compra realizada a productores “tributarán por sus ingresos la alícuota del 3 %, quedando sin efecto todo incentivo y bonificación que establecen las leyes impositivas.El Parlamento rionegrino dio respaldo unánime a la iniciativa del legislador Carlos Sánchez (ACD) para modificar el articulado de la Ley de Trasparencia Frutícola, que establece la vinculación entre las diversas fases de la producción y la comercialización de las frutas en Río Negro.Sánchez, explicó que la adhesión de los sectores involucrados “consiste en la inscripción en el Registro correspondiente, en función de la actividad que desarrolle y la presentación de los contratos de venta de fruta o declaraciones juradas, cuando corresponda”, obligación que “se renueva todos los años desde el 2 de enero al 30 de abril”.“Con el firme objetivo de transparentar el negocio, la normativa hace mención a cuestiones fundamentales que redundan en el equilibrio de comercialización entre las partes, tales como los requisitos mínimos que deberá contener el instrumento jurídico y la posibilidad del vendedor de fiscalizar la clasificación de sus frutas en el empaque”.Afirmó el legislador oficialista que “como método novedoso, se instituye la resolución de controversias a través del Proceso de Mediación entre partes, siendo los interesados quienes deberán solicitarlo” a la Comisión de Transparencia.Sánchez Recordó que “actualmente, la ley de Transparencia otorga concesiones impositivas a productores primarios y empacadores-comercializadores que cumplen con la formalización de contratos. El principal beneficio es una reducción casi a la mitad del pago de ingresos brutos para los empacadores y del 100 por ciento para los productores”.Por otro lado, “la adhesión a la Ley de Transparencia Frutícola permite a los actores dar certeza jurídica al negocio y obtener beneficios impositivos”, como el mantenimiento de la exención sobre el impuesto a los Ingresos Brutos y de Sellos, otorgando una reducción del 10 por ciento sobre el valor del impuesto Inmobiliario de los bienes afectados directamente a la actividad”.Sin embargo, indicó que “la tentación de no realizar contratos parece ser mayor al estímulo de efectivizarlos, por lo que la ley, que en los primeros tiempos enfureció a las firmas comercializadoras y sus voceros, ahora pasa desapercibida, si bien algunos actores reconocen que la legislación tiene algún efecto en el establecimiento de un precio de referencia”.Sánchez refirió que en la corriente temporada “se presentaron para cumplir con los requisitos de la normativa 1297 razones sociales, entre empresas y productores. En tanto, no se presentaron 1008, lo que quiere decir que sobre los 2305 agentes registrados que operan en el circuito frutícola de la Provincia de Río Negro, sólo se presentó el 56 por ciento”.Explicó que quienes no registren instrumentos de vinculación por la compra realizada a productores “tributarán por sus ingresos la alícuota del 3 por ciento, quedando sin efecto todo tipo de incentivo y bonificación que establecen las leyes impositivas”.También advirtió que se incorpora a la norma que “todos los empacadores, industrializadores, frigoríficos y comercializadores de productos primarios que no cumplan con el registro de instrumentos de vinculación con los productores, serán publicados en el Boletín Oficial”, penalidad que deberá ejecutar la Secretaría de Fruticultura.Por otro lado describió el costo fiscal que implica el programa de incentivos, y que la provincia deja de percibir en el Tesoro Provincial. “En el caso del cultivo manzanas y peras será del orden de los 2 millones de pesos, en el de la elaboración de frutas y legumbres 857 mil pesos, y en el de la venta mayorista en aproximadamente 1,5 millones de pesos”.A su turno el presidente del bloque justicialista, Ademar Rodríguez, interpretó que la problemática “está centralizada en lo que el productor primario recibe todos los años y que al año siguiente tiene que volver a realizar sus inversiones con la fuerte duda de cuánto va a ser el precio que va a obtener sobre esa inversión”.Afirmó que en materia legislativa “hemos ido incorporando herramientas para que el productor pueda tener algún beneficio o alguna protección más a su fruta. No estamos en contra de las empresas comercializadoras y exportadoras porque sabemos que competir en el mundo no es fácil y en tal sentido han sido exitosos”.El problema es que “cuando tienen que distribuirse los dineros, los productores primarios quedan absolutamente indefensos, ya que no pueden llegar a la comercialización”.También felicitó los “aportes realizados por el vicegobernador (Bautista Mendioroz), como la ley de Contractualización y la ley de Clasificación, herramientas que deben estar por fuera de la política y el beneficio partidario, sino para buscar un equilibrio y una solución para los productores”.En los tramos finales del debate, el legislador Luis Bonardo (Foro Rionegrino) felicitó al autor de este proyecto que “va en defensa del verdadero motor económico de nuestra provincia” y manifestó que “quienes vivimos en la zona agrícola vemos con desesperación la situación que padecen los productores rionegrinos”.