La causa penal por la megabanda de boqueteros de Cipolletti y otras ciudades cercanas no se encuentra cerrada y los investigadores confían en reunir otros elementos para procesar a varios imputados beneficiados con faltas de mérito. De acuerdo con fuentes allegadas a la investigación, se debe seguir analizando las escuchas telefónicas, que suman varias horas y que revelan distintos ilícitos.
De esta forma, el supuesto líder de la banda, José “Chiqui” Forno, y el resto de los detenidos llegarían a juicio oral recién a finales de año. Tanto el Ministerio Público Fiscal como la parte querellante coinciden en la necesidad de ampliar las pesquisas y que a la hora del debate definitivo sean juzgados el conjunto de los involucrados en violentas entraderas y audaces robos a empresas.
Una idea precisa del material probatorio que tiene la unidad fiscal de Delitos contra el Patrimonio lo revela el informe de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL) de la Procuración General, donde se registró un entrecruzamiento de más de 25.000 llamados entre los miembros de la agrupación delictiva. Para la parte acusadora, este material es una prueba fundamental y se aclaró que los celulares de los delincuentes “se encontraban intervenidos durante la investigación”.
Los hechos de mayor trascendencia que están comprendidos en la causa fueron el robo dentro del depósito de la empresa Blancoamor; el robo -en su domicilio particular- al propietario de otra reconocida firma cipoleña, y otros dos atracos violentos, uno en la zona céntrica de Cipolletti y otro en el barrio Los Tordos. Además, se probaron delitos cometidos en las ciudades de Villa Regina, Allen y Fernández Oro.
Hasta el momento, hay cuatro personas detenidas, entre ellas el supuesto líder de la banda, a quien le atribuyeron el delito de “asociación ilícita” en carácter de organizador. A los demás se les imputó la figura del “partícipe”.
Preventiva
Seguirán presos hasta el juicio
El Superior Tribunal de Justicia confirmó a mediados de 2016 los motivos por los que se les dictó la prisión preventiva a José Forno y Sandro Alberto Gerez. De acuerdo con los jueces, hay un riesgo de fuga “acreditado con la prueba que demuestra el grado de organización, movilidad y disponibilidad de medios tanto para sustraerse de la Justicia como para entorpecer el curso de la investigación”.
Tras un intenso trabajo de la fiscalía, el 30 de mayo el juez de Instrucción Santiago Márquez Gauna avanzó con 11 procesamientos.