Por tal motivo, el martes hubo una nueva reunión en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Abbe), que es el organismo que por ley tendría que haber avanzado, desde hace ya cuatro años, en los procesos expropiatorios que se reclaman y que están autorizados por la ley nacional 27453, de 2018.
Sin embargo, la repartición prácticamente no ha hecho nada hasta la fecha y por eso los representantes de la Mesa, entre los que se contaba la dirigente cipoleña Lilia Calderón, mantuvieron un áspero debate con los funcionarios. En las conversaciones, también participaron integrantes de la Secretaría de Integración Socio Urbana de Nación.
La dirigente local, que concurrió en carácter de miembro del Foro por la Tierra y la Vivienda de Cipolletti, refirió que la cantidad de 5.687 sectores poblacionales que forman parte hoy del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) supera largamente a la original de algo más de 4.400 barriadas.
A la dirigencia de la Mesa le preocupa, en particular, que se avance ya en la declaración de utilidad pública en el camino a la expropiación para los barrios sobre los que pesan órdenes o iniciativas de desalojo, entre los que se cuenta el asentamiento 2 de Agosto, uno de los más grandes de Cipolletti. Para éste y otros lugares del país se está exigiendo que se aceleren los trámites y se regularice pronto la situación.
Sin embargo, en la Abbe tienen sus propios puntos de vista y argumentaciones, por lo que el martes las discusiones fueron bastante arduas. De todos modos, se consiguió el compromiso de revisar y atender los casos más urgentes y procurar una respuesta que esté a la altura de la enorme demanda de mejora de la situación dominial que existe en muy numerosas comunidades de la Argentina.