Sin embargo, hubo cambios momentáneos en el área de Ejecución Penal, con la posibilidad de que su titular, Juan Pablo Chirinos, empiece a desempeñarse en la Justicia de la vecina provincia. Esta situación demoró las definiciones y ya en el 2016 la situación no ha variado demasiado, con un condenado y su defensor aguardando la citación a una audiencia que ponga en discusión el probable otorgamiento de beneficios.
Tanto Chirinos como la querella, llevada adelante por el abogado particular Marcelo Hertzriken Velasco, tuvieron una postura firme en cuanto a que Kielmasz siga en prisión, considerando un gran peligro su salida a la calle.
En este marco, se especula con que la defensa oficial agotará las instancias y volverá a la carga con el reclamo de una audiencia donde se ponga en debate el tema de los beneficios para el único cipoleño condenado por el triple crimen de las hermanas María Emilia y Paula González, y Verónica Villar.
A la hora del rechazo, tanto el titular del Juzgado de Ejecución como la parte querellante se apoyan en las pericias psiquiátricas que, en uno de los informes, puntualizó que "su (de Kielmasz) principal fuente de inspiración y estimulación no son los demás sino él mismo. Esta actitud introvertida le permite mantenerse alejado e indiferente de los reclamos de fuentes externas y es propenso a seguir los impulsos originados en su interior, aunque éstos sean disfuncionales. Esto último se traduce en una ausencia de sensibilidad y empatía".
Sin embargo, tiempo después del trabajo elaborado por el gabinete de la cárcel de Río Gallegos, hubo otra pericia llevada adelante por el especialista Ricardo Risso, quien apuntó que podía acceder a salidas con el acompañamiento de personal de seguridad.
Posturas
Buena conducta versus peligro
Las posturas enfrentadas en relación con Claudio Kielmasz se apoyan en informes de peritos y también en cuestiones estrictamente legales. En el caso de la defensa, por ejemplo, destacó que el condenado "tiene buenas calificaciones" por su conducta en la cárcel. Por el contrario, la parte querellante está convencida de que "el condenado no debe retornar al medio libre por los riesgos para terceros".
En noviembre se cumplirán 19 años del Primer Triple Crimen, que estuvo marcado por la impunidad.