Por cada mujer que vive custodiada por un policía, hay un hombre que debe someterse a un tratamiento terapéutico para superar la ira, los prejuicios o cualquier otro trauma que lo lleve a ejercer violencia de género. Los tratamientos psicológicos son la otra cara de una problemática que mantiene en alerta a la Justicia: las denuncias en alza por violencia contra las mujeres cipoleñas, con casos cada vez más violentos y numerosas víctimas fatales.
Desde los juzgados cipoleños se ordena a todos los denunciados la participación en programas sociales conducidos por organizaciones no gubernamentales y especialistas en psicología social, aunque las estadísticas y las identidades de los violentos se mantienen bajo estricta reserva por la complejidad de la situación.
La violencia se ejerce en el seno familiar o hacia ex parejas, y la divulgación de datos –se explica- es perjudicial tanto para las víctimas como para los victimarios. “Hay historias de violencia detrás de cada uno de los hombres del programa y, los que no la tienen se criaron en un sistema social patriarcal que apuntala la conducta del hombre violento”, explicó el psicólogo Miguel Del Egido, del servicio de violencia de género Ruca Quimei, que depende del Municipio.
El especialista es uno de los dos profesionales que atiende a los hombres denunciados a través de charlas y talleres que buscan ayudarlos a controlar la ira y a cambiar su mirada hacia la mujer. “Suelen decir que ellos son los jefes de familia”, poniéndose un escalón por encima de sus parejas o hijas, lo que deriva en las agresiones, tanto físicas como verbales “que a veces son las más graves”, según aseguró a FM Galas.
El profesional explicó que, así como la asistencia a las víctimas brinda apoyo en la búsqueda de justicia, la labor con los denunciados es promover un cambio que evite nuevos ataques. En conjunto, desde el servicio municipal, se pretende contribuir a la prevención, mediante la promoción de pautas para un cambio cultural. “El proceso ya está en marcha, desde lo cultural y a través de leyes, como la que permite que el apellido de la mamá vaya primero. Parece algo pequeño, pero es un aporte importante”, manifestó.
En lo que va del año ya hubo cerca de 500 denuncias bajo la ley de violencia familiar, aunque muchas son radicadas por las mismas víctimas: en Cipolletti hay 20 mujeres que recibieron tantos ataques o agresiones que la Justicia ordenó a la Policía que las proteja en forma permanente. Para que esa situación no se perpetúe, los violentos son enviados a los talleres, en un intento que une al Estado y las ONG por frenar la violencia de género.
El proyecto
Buscan prevenir nuevos casos
Cambio de conducta
Los acusados en la Justicia suelen ser enviados a organizaciones no gubernamentales que brindan talleres para que contemplen el daño causado y controlen su ira.
Asistencia a las víctimas
Las mujeres golpeadas o agredidas verbalmente también son asistidas por especialistas para que puedan superar el temor y denunciar los hechos.