El gobierno provincial acelera los tiempos para abrir la renegociación de contratos con las compañías petroleras que, en el mejor de los casos, comienzan a vencer en 2015. Un apresuramiento que revela el interés cortoplacista que anima a la propuesta y la ausencia de criterios de mediano y largo plazo. Estamos hablando de recursos no renovables, y eso requiere de un amplio consenso de la sociedad rionegrina.
La política petrolera debe ser una cuestión de Estado y su definición es una materia pendiente. Todavía nos falta consensuar los intereses permanentes del Estado rionegrino. Y como primer paso, debemos entender que estos recursos no renovables tienen que servir para la consolidación de un modelo productivo que garantice inversiones y trabajo para las futuras generaciones. Rifarlo todo por cuestiones sectoriales o coyunturales es una conducta preocupante.
Es entendible la necesidad de iniciar un camino de renegociación que mejore el posicionamiento provincial en el negocio petrolero. Es claro que debe realizarse con tiempo y que es preferible anticiparse a esperar que la actividad decaiga por falta de inversiones. Pero también está claro que quien negocia en forma apresurada hace malos negocios. En una negociación, las partes tienen que estar en igualdad de condiciones. Lo que no ocurriría si en este momento el gobierno provincial pretende forzar una definición, apremiado por sus propias necesidades y sus propios tiempos.
Los recursos hidrocarburíferos del subsuelo no pertenecen a un gobierno ni a un sector puntual; pertenecen a la sociedad rionegrina. Por consiguiente, una renegociación debe contar con un amplio consenso social que fortalezca las posibilidades del Estado Provincial. Enmarcado en una política petrolera clara y transparente.
En esta coyuntura, el gobierno provincial se enfrenta a una disyuntiva: rifar nuevamente las joyas de la abuela o construir las bases para la consolidación de Río Negro.
Puede forzar una definición acorralando a sus propios intendentes y legisladores, llevándolos a una situación de “todo o nada”, como sería un proyecto de ley en acuerdo de ministros. Pero esto debilitará su poder de negociación; conseguirá recursos para sus necesidades inmediatas pero conducirá a los rionegrinos a una nueva frustración. A una nueva oportunidad perdida.
Ante sí, tiene otra alternativa: convencer a los intendentes, a los Concejos, a los legisladores, a las distintas representaciones de la sociedad provincial. Puede demostrarnos un proyecto de estímulo de la producción y de inversión en obras de infraestructura, hacia los que se destinarán los nuevos recursos. Puede fijar públicamente los alcances de una nueva política petrolera y un moderno marco de regulación, superador de la política desreguladora que heredamos de los ’90.
Si queremos revertir los años de desencanto y postración de Río Negro, si queremos volver a ser la provincia que atraía inversiones y recursos y generaba esperanzas para todos sus habitantes, debemos comenzar a tener políticas serias y de largo plazo. Fijar una política petrolera será un primer paso.
