Un decreto del Ejecutivo nacional se sumó a los proyectos y medidas que empujan la regularización de las tomas. El presidente Mauricio Macri firmó un decreto-ley que dispone la entrega de certificados de vivienda a las familias y ratificó el funcionamiento de un organismo estatal facultado para regularizar la tenencia de tierras tanto fiscales como privadas.
En el texto se reconoció el trabajo que realizaron los movimientos populares para censar villas, asentamientos y urbanizaciones informales. Cipolletti formó parte de ese relevamiento y por eso integra el registro nacional que la reciente norma legitima como base de las políticas que promuevan la regularización dominial.
Puntualmente, en esta localidad, el relevamiento nacional de barrios populares -que inició en agosto de 2016 y culminó este mes- fue realizado por censistas que forman parte del Movimiento La Dignidad, asimismo enrolados en la Confederación de Trabajo de la Economía Popular (CETEP).
Una de sus referentes, Lila Calderón, recordó que en esta ciudad hay más de 20 mil vecinos que viven en urbanizaciones informales, con distintos grados de precariedad y hacinamiento; un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular para adquirir una tenencia del terreno donde habitan.
“Para nosotros es sumamente importante porque fuimos los que pateamos las calles para hacer este relevamiento. Con este decreto (358/2017), el Estado Nacional está reconociendo la realidad que viven miles de vecinos. Es una herramienta para la regularización dominial”, enfatizó la dirigente barrial.
Dentro de los fundamentos del decreto, se menciona que “dar solución al problema habitacional constituye uno de los pilares fundamentales para erradicar definitivamente la pobreza de nuestro país, lo que necesariamente requiere de la intervención estatal de forma inmediata”.
Calderón es consciente de que, pese a la buena voluntad, la problemática “no se resolverá ya”, pero dijo que es “una buena noticia” para todos los que viven en estas condiciones. Es que la norma, además de legitimar el relevamiento, permite suscribir convenios con los gobiernos provinciales y municipales e incluso con terceros para la transferencia a favor del Estado Nacional de los inmuebles de su propiedad que se encuentren emplazados en los barrios populares individualizados, a los efectos de su futura transferencia a las familias ocupantes en el marco legal que oportunamente se defina.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado podrá celebrar contratos con entes públicos y privados y emitir certificaciones para agilizar los procesos de regularización dominial. Tal es así que será el organismo responsable de emitir un certificado de vivienda familiar y entregárselo a los incluidos en el registro para acreditar el domicilio y acceder a programas sociales.
“Con este decreto se reconoce nuestra lucha, la de los movimientos populares; y el gobierno provincial y municipal no podrán seguir mirando para el costado. Van a tener que ponerse a la cabeza de la regularización”, advirtió Calderón.
Pedirán participar de la Mesa Nacional de Coordinación para Barrio Populares que se crea a partir de la norma, con el fin de promover estrategias de gestión del suelo, acceso a servicios públicos e infraestructura barrial.
40 barrios se verían beneficiados por el decreto. Según referentes de los asentamientos, además de las tomas se beneficiarían barrios reconocidos pero sin regularizar y loteos en zonas no habilitadas por el Municipio.
En detalle
Así viven miles de cipoleños
En aumento. En Cipolletti hay 28 asentamientos irregulares, habitados por unas 3960 familias. Las tomas y la población aumentaron en los últimos tres años.
Sin servicios básicos. En las tomas no hay agua, luz ni gas. Las conexiones clandestinas a la electricidad generan riesgos de incendios y debilitan la red de agua potable.
Inundaciones. Casi todos los asentamientos están en zonas inundables y la falta de nivelación de las calle y drenajes agrava la situación en las épocas de lluvia.
Juicios. El decreto del Ejecutivo alienta la regularización, aunque en muchos casos los conflictos están judicializados.
Expropiación. Los vecinos esperan que tras el decreto se allane el camino hacia la expropiación de las tierras ocupadas.