La pulseada que rodea al Paseo de Compras de la ciudad, popularmente conocido como La Saladita, avanzó hacia una clausura preventiva que hace tambalear la iniciativa. Así lo dispuso la jueza de Faltas María Florencia Vázquez, al comprobar que los ejecutores del proyecto no habían presentado los planos de las obras que están llevando a cabo ni contaban con los permisos correspondientes.
En medio de la polémica, la mega feria cerró literalmente sus puertas y por primera vez, en dos años de ejecución, amenaza con venirse abajo.
El Municipio ayer ratificó que no va a autorizar el funcionamiento de un paseo que no se encuadra en el Código de Comercio ni garantiza la seguridad de comerciantes y clientes, más aún cuando el predio se ubica en un sector de intenso tráfico.
Como es evidente que los impulsores debieron contar con el aval de algún empleado o funcionario público para avanzar con una inversión millonaria desde hace dos años, el intendente Abel Baratti dará impulso a una investigación interna que deslinde responsabilidades y determine la posible comisión de un delito, a pedido del Consejo de Seguridad.
El presidente del organismo, Julio “Tato” Alonso, consideró necesario saber por qué el Municipio dejó que avance tanto el emprendimiento y advirtió que la única persona que “estuvo a la altura” de las circunstancias fue la jueza de Faltas María Florencia Vázquez, quien ordenó la clausura del predio.
En dos años, señaló Alonso, no hubo inspectores de la Dirección de Comercio ni de Obras Privadas que avanzaran con una medida de estas características, pese a que tienen facultad para hacerlo.
El intendente electo Aníbal Tortoriello también se expresó contra el paseo y alentó la decisión de investigar puertas adentro del Municipio.
En conferencia de prensa, se alineó con Baratti para trabajar en conjunto y consideró que la discusión debería haber sido zanjada desde el inicio, apelando al Código de Comercio de la ciudad, el cual no contempla la figura de un paseo de compras.
La conferencia fue encabezada por Baratti y Tortoriello y contó con la participación del secretario de Fiscalización y Organización Interna, Néstor Curcio. Quien no estuvo entre los oradores fue el director de Comercio de la comuna, Roberto Bichara.
El planteo de Tortoriello respecto de la inexistencia de proyectos similares en la normativa local ya lo había realizado el titular de la Cámara de Industria y Comercio, Pascual Marrazzo, uno de los primeros en alzar la voz contra el paseo. Después de advertir tantas veces sobre las irregularidades del proyecto, el comerciante cipoleño se lamentó de que se haya demorado tanto para frenar la iniciativa. “Hay gente inocente que quedó enganchada”, sostuvo.
La clausura
La orden judicial que arrojó luz a la polémica se concretó el martes, luego de la infracción que realizó personal de Obras Privadas el 5 de mayo, por ampliaciones en ejecución que no tenían planos ni autorización, como el patio de comidas y la división de stands.
Vencido el plazo para que los organizadores hicieran su defensa, la jueza Vázquez comenzó a resolver el asunto. En el interín, se acercó Ricardo Lucero y solicitó 30 días. Pero el pedido llegó tarde.
“No hice lugar porque la presentación se realizó fuera de término y la obra ya está paralizada”, sostuvo Vázquez. Así, dispuso la clausura hasta que regularicen la situación. Esto es, presenten los planos y los permisos correspondientes.
“No pude intervenir en el todo porque esta gente hace dos años que viene trabajando. Pero frené una parte. Es decir, las ampliaciones en ejecución que son antirreglamentarias y no son acordes al plano original. Con el informe ampliado en mano, veremos si pueden seguir adelante”, comentó Vázquez.
La orden también se sustenta sobre otra irregularidad: los organizadores hicieron un uso diferente del solicitado, que no tiene factibilidad.
“Esta gente empezó de atrás para adelante. Primero se autoriza, después se hace. Ahí están las consecuencias”, sintetizó la jueza cipoleña.
La clausura es preventiva pero puede llegar a ser definitiva si los responsables del paseo no cumplen con toda la normativa vigente. La Saladita contemplaba más de 100 puestos para la venta de productos elaborados en la región, además de un patio de comidas.
Un proyecto distinto al que figuraba en el expediente
En 2013, se abrió un expediente solicitando la habilitación para la venta de artesanías y alimentos. Mientras la documentación seguía el camino administrativo, los arrendatarios del inmueble de la rotonda de rutas 22 y 151 realizaron una fiesta no permitida que les valió la primera clausura del lugar.
En abril de 2015, se dio de baja el expediente por no cumplir con los requisitos. Ocurre que los impulsores proyectaban una obra que nada tenía que ver con lo solicitado, algo prohibido por la normativa de la ciudad.
En mayo, presentaron un nuevo expediente en Obras Privadas, por medio del cual solicitaron la habilitación del Paseo de Compras.
“La respuesta del Municipio siempre fue la misma. La iniciativa no está contemplada en el Código de Comercio”, sostuvo el secretario municipal de Fiscalización Néstor Curcio, quien agregó: “Las obras que se hicieron fueron puertas adentro, nada tenían que ver con lo anterior ni figuraban” en documentos.
El Concejo Deliberante llegó a la misma conclusión cuando abordó las condiciones materiales del emprendimiento. “No se encuadra en la legislación vigente”, se indicó. La intervención de los concejales había sido planteada, cuando la polémica ya era pública, por el director de Comercio de la comuna, Roberto Bichara .