La Justicia investigará si la actividad petrolera pone en riesgo barrios periféricos de Allen y si puede causar problemas respiratorios a los vecinos. Ayer se desarrolló una audiencia en los tribunales de Roca por la denuncia que presentó la defensora del Pueblo de Río Negro, Nadina Díaz, tras un derrame de la firma Ysur.
La jueza María del Carmen Villalba solicitó informes a Defensa Civil de la Municipalidad de Allen y a Bomberos Voluntarios, para conocer si existen protocolos de actuación ante posibles eventos y si fueron comunicados a la población. Y reclamó un informe socio-ambiental de los barrios más cercanos a los pozos de la firma controlada por YPF.
Díaz destacó la decisión de la jueza de convocar a un ingeniero civil especializado en petróleo y ambiente. “Se ha logrado la ampliación de la mirada no sólo al derrame, sino también a los posibles efectos que causó la actividad en la zona periurbana con lo cual se incluirían los posibles problemas respiratorios, vibraciones constantes y el venteo”, manifestó la funcionaria tras el encuentro en tribunales.
La jueza Villalba ordenó, además, una inspección ocular con el aporte de los peritajes, que se realizará el 30 de noviembre.