Los pedidos de informes de la Defensoría fueron emitidos a las secretarías de Energía y de Ambiente y Desarrollo Sustentable y al Departamento Provincial de Aguas (DPA). "En primer lugar, requerimos a Energía que indique si las áreas involucran asentamientos urbanos y zonas de explotación ganadera o frutihortícolas. Al DPA se le consultó si se analizó el impacto sobre los recursos hídricos provinciales, y a la Secretaría de Ambiente se le solicitó que remita los estudios de factibilidad técnica, social y ambiental de la actividad", se informó desde el organismo de control externo.