En representación de los rionegrinos, Díaz recurrió a todos los juzgados federales de la
provincia exigiendo que se anule el incremento, más allá de los topes para atenuarlo, porque no se cumplieron los pasos legales necesarios para retocar el costo del servicio.
"Nosotros hemos sostenido desde el principio, y lo hemos dejado sentado en los amparos que en el análisis debe considerarse indefectiblemente la cuestión regional. No podrá haber racionalidad en una sentencia si esta no contempla las desigualdades territoriales. No debe ser simplemente una consecuencia aritmética la que se valore, sin la ponderación del clima. Si no, cualquier decisión al respecto volvería a ser arbitraria", manifestó la funcionaria.