La causa judicial contra los ex intendentes de Cipolletti Abel Baratti y Aníbal Tortoriello sigue estancada, tras un llamativo movimiento de la Fiscalía, que endureció la acusación poco antes de la audiencia de formulación de cargos. La investigación está centrada en el manejo de fondos públicos del plan de viviendas Techo Digno, que financiaba el gobierno nacional, y tiene en la mira a numerosos intendentes rionegrinos de los mandatos 2011-2015 y 2015-2019.
Muchos de los involucrados aseguraron que se trata de una causa con motivaciones políticas, entre ellos Tortoriello. En ese contexto, no parece un detalle menor que una nueva postergación de la formulación de cargos lleve la fecha de audiencia al cierre del primer trimestre de 2023, poco antes de las elecciones a gobernador en las que el referente opositor será candidato a gobernador.
La formulación de cargos ya se había postergado porque Tortoriello cambió de abogado y su defensa pidió tiempo para estudiar la causa. La audiencia se reprogramó para esta semana y apenas un día antes de la cita en Tribunales, la Fiscalía sumó cargos contra los dos ex intendentes.
La acusación inicial contra Baratti y Tortoriello, pero la fiscalía también pretende acusarlos por apropiarse de recursos públicos (peculado).
La nueva acusación tomó por sorpresa a las defensas de los dos acusados, que lógicamente reclamaron una postergación para poder estudiar el caso y definir su estrategia. La jueza de Garantías Laura González Vitale accedió a ese reclamo en una audiencia en la que se cuestionó el accionar de la Fiscalía. Se aseguró que garantizar el derecho a defensa de los acusados no es una cuestión de forma, sino una obligación legal para que el proceso se ajuste a derecho.
González Vitale otorgó dos meses de plazo a los defensores para prepararse, por lo que no se fijará la audiencia hasta marzo, después de la feria de verano.
A Baratti y Tortoriello los investigan por presuntas irregularidades en el plan de viviendas Techo Digno. El programa se ejecutaba con los municipios como intermediarios: certificaban el avance de obras, recibían los fondos y hacían los pagos. En Cipolletti, según afirmó Tortoriello, se certificó un avance de obra mayor al real, pero el dinero recibido se encontraba depositado en las cuentas correspondientes.