Un fiscal general federal presentó un recurso para anular la resolución del juez roquense Hugo Greca que homologa el pacto que selló Parques Nacionales con la conflictiva agrupación que se autodefine mapuche de Villa Mascardi y, al igual que los vecinos, busca evitar la entrega de tierras.
El representante del Ministerio Público Fiscal Rafael Vehils Ruiz se desempeña de manera interina en la fiscalía local y desde ese rol cuestionó el fallo de Greca, asegurando entre otros argumentos que es “carente de razonabilidad”.
Vehils Ruiz incluso planteó que la resolución del magistrado “tiene arbitrariedad manifiesta” y lo criticó por afectar la continuidad del proceso judicial, privando al Ministerio Público “del descubrimiento de la verdad material y del ejercicio de la pretensión punitiva…”.
La presentación fue elevada a la Cámara Federal de Casación para que revise la resolución impugnada y la anule.
No es la primera oposición que tiene el convenio entre Parques Nacionales y los integrantes de la violenta agrupación Lafken Winkul Mapu, ya que el mismo fiscal expresó su rechazo a la homologación, recurso que fue rechazado por Greca quien, incluso, decidió postergar el juicio oral a los imputados para el desarrollo de las mesas de diálogo que solicitó la Secretaría de Desarrollo Humano de la Nación.
El caso está vinculado con la causa principal de Villa Mascardi, en cercanías de Bariloche, por la usurpación de los dos lotes que pertenecen a Parques Nacionales y que el 10 de noviembre de 2017 fueron usurpados por los integrantes de algunas familias, que se autoproclamaron comunidad mapuche.
Varias de esas familias ya pertenecían a otro grupo vinculado a los pueblos originarios denominado lof Colhuan Nahuel, que usurpó tierras a 7 kilómetros de Bariloche, incluso construyendo una propiedad en una plaza.
Desde esos lotes – donde en un intento de desalojo se produjo la muerte de Rafael Nahuel, un joven que integraba el grupo- avanzaron hacia propiedades linderas, ocasionando daños y atentando con viviendas, tendidos eléctricos y vehículos.
Además se adjudicaron los daños ocasionados en los edificios públicos del lugar, los cuales este año debieron ser demolidos por el riesgo de derrumbe que existía en su estructura general.
A partir del acuerdo que acordó Parques y los mapuches, parte del grupo podrá retornar a Villa Mascardi donde el Estado le construirá viviendas; y el resto será reubicado en otro sitio. Varios de los involucrados están prófugos de la Justicia desde octubre del año pasado, cuando se realizó el desalojo del predio.
Los pobladores de Villa Mascardi también expresaron su rechazo al acuerdo y presentaron impugnaciones ante la Justicia e incluso ante los organismos que participan del pacto.