Cerca de las ocho de la mañana se hicieron presentes en el domicilio una docena de policías, efectivos del grupo especial COER y bomberos voluntarios, para hacer cumplir una orden de desalojo emitido por la jueza de turno. El operativo valló los alrededores impidiendo que cualquier persona pudiera ingresar a la cuadra, incluidos el actual intendente de la ciudad Mariano Lavin.
"El operativo de la Policía y los Bomberos fue exagerado. Ni para los narcos montan un espectáculo como este. Nunca se les avisó con tiempo a la familia. Ahora quedaron en la calle". Vecina de Fernández Oro que se solidarizó con la familia que ayer fue desalojada.
Tras las presentación de la orden judicial la familia de forma pacífica comenzó a sacar sus pertenencias a la calle a la vista de los agentes de seguridad que resguardaban la zona con cascos y escudos. Uno de los integrantes de la familia, identificado como Miguel Méndez, explicó que tras una acuerdo con el propietario, con el que habrían intercambiado viviendas, los estafó, y tras el hecho pidió a la Justicia que le fuera restituida la propiedad. Según contaron, la persona señalada sería de apellido Pérez y habría varios damnificados bajo la misma modalidad.
El intendente orense se hizo presente desde un primer momento en el lugar del conflicto. En diálogo con LM Cipolletti explicó que el operativo se realizó por una orden de desalojo debido a un proceso judicial que viene hace bastante tiempo por el reclamo de una vivienda tras una transacción. "Una de las familias alega que fue un comodato y la otra que fue una venta", dijo Lavin, y agregó que tras varios años el Poder Judicial emitió resolución.
"Estamos acá como Municipio buscando una solución para la familia que está siendo desalojada, buscándole momentáneamente un alquiler para solucionar el techo urgente, y brindarles una solución definitiva, ya que la necesidad es inmediata", relató el jefe comunal.
A su vez, afirmó que el propio Ejecutivo se hará cargo de los costos del alquiler. Y además convocarán a todos los estamentos municipales, al Concejo Deliberante y a la comisión de loteos para buscar una solución definitiva al problema de alojamiento, ya que se trata de un grupo familiar de alta vulnerabilidad social.
Durante el desalojo también se hicieron presentes, para relevar el accionar policial, miembros integrantes del Concejo Local de la Mujer, quienes vigilaron que el operativo no avasallara los derechos de los miembros de la familia, más teniendo en cuenta que entre los expulsados había una mujer y una beba.
