Han pasado cuatro años desde la sanción de la ley nacional 27453, que establece el régimen de regularización dominial para la integración socio-urbana, y todavía no se ha avanzado en la expropiación de ninguno de los cientos de barrios populares del país que encuadraban en la iniciativa y sus previsiones.
En el caso de Cipolletti, se ha tratado de impulsar la expropiación del barrio 2 de Agosto, entre otros asentamientos que podrían ser normalizados. Pero hay varios sectores poblacionales más, como Nuevo Ferri, que también podrían formar parte de la iniciativa.
Así lo indicó Lilia Calderón, dirigente del Barrio Obrero e integrante del Foro por la Tierra y la Vivienda de Cipolletti. De acuerdo con la militante social, en Río Negro son alrededor de 200 las barriadas que están en condiciones de ser expropiadas, puesto que cumplen los requisitos exigidos y sus situaciones particulares han sido comunicadas al Estado nacional.
La referente participó este jueves en Buenos Aires de una reunión de dirigentes de la Mesa Nacional de Barrios Populares con representantes de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe), en la que se trató el problema del retraso en la aplicación de la ley y las expectativas incumplidas que se han generado en las miles de familias que aguardan la regularización de las tierras que habitan.
Aprobada en el Congreso nacional en 2018, la iniciativa cuenta con la reglamentación necesaria y sin la cual no se podría aplicar. En materia legal, sus disposiciones tienen plena vigencia.
Por eso, un par de días antes del encuentro con funcionarios de la Aabe, los participantes de la Mesa se reunieron para evaluar los pasos a seguir y procurar superar los escollos que han impedido que se concretara el proceso regularizador, con las expropiaciones que se imponían si era necesario.
Vence la prohibición de los desalojos
Además, en la organización nacional están preocupados porque en 2022 se vence el plazo de cuatro años establecidos por la misma ley 27453 para impedir el desalojo de asentamientos y tomas en todo el país.
El final de la prohibición preocupa a la dirigencia de las organizaciones barriales, que está impulsando gestiones para que el Estado estipule una prórroga que evite el reinicio de las acciones legales y administrativas para echar a los participantes de ocupaciones, en particular, de los barrios más antiguos y definitivamente consolidados.