Un nuevo intento de toma tuvo lugar en el mismo sector oeste del asentamiento Nuevo Ferri, donde días atrás se impidió la ocupación de tierras de particulares. La presencia del juez Gustavo Herrera, el fiscal José Rodríguez Chazarreta y del jefe policial Luis Doctors, junto con un impresionante dispositivo compuesto por más de 40 uniformados fuertemente pertrechados y al menos 9 patrulleros, lograron disuadir a las familias participantes de la acción.
Fue una jornada de mucha tensión, bajo el fuerte sol de esta altura de noviembre. Apenas comenzada la instalación de las personas, se marcaron lotes con hilos plásticos y se improvisaron algunos toldos y carpas, incipientes muestras del deseo de empezar a levantar una vivienda. Con las horas, fueron alrededor de 80 los grupos familiares censados por los organizadores.
El intento de ocupación arrancó antes del mediodía. De tarde, comenzaron a hacerse presentes efectivos de la Policía local y, luego, llegaron también uniformados que revistan en el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER), sucesor del grupo BORA y con parecidas funciones disuasivas.
Un oficial buscó, primero, desalentar a los participantes de la iniciativa. Habló bastante con ellos pero fue en vano. Entonces se dio a conocer que pronto llegaría el juez Herrera, quien, en efecto, se apersonó cerca de las 18. Lo hizo con otros funcionarios judiciales.
Frontal y con tono estentóreo les dijo a los ocupantes reunidos que la pena por el delito de apropiación del predio que estaban cometiendo era de 3 años y fue categórico en cuanto a que si se negaban a abandonar el lugar, todos iban a ser detenidos. Les informó que el dueño de las tierras no tenía intención de vender por lo que la única opción que tenían era irse, antes que se procediera al desalojo.
Mientras hablaba el magistrado, el personal policial se fue dispersando por el sector, sacando los hilos que se habían improvisado para delimitar los lotes. Por su parte, los miembros del COER se alistaron junto al entoldado en que se desarrollaban las conversaciones.
Una de las participantes de la ocupación le respondió al juez que ganaba solamente 3.000 pesos y tenía hijos y por ello no podía pagar un alquiler. Otro de los presentes le contestó que era peón rural, con cuatro hijos, y que ganaba la mitad que la mujer que habló antes. Otra persona fue contundente en cuanto a que “los alquileres están carísimos” y una joven le recordó que la vivienda es un derecho constitucional. Un hombre recriminó los altos sueldos que se cobran en la Justicia y otro pidió que se luche, mejor, contra el narcotráfico.
Al final, luego de discusiones en las que intervinieron también jefes policiales, los ocupantes se avinieron a dejar las tierras, con el compromiso de tener hoy una reunión con el intendente Abel Baratti.
Varios de los protagonistas del intento se instalaron en carpas junto al codiciado predio para esperar respuestas públicas.