En su presentación, el representante legal de Geldres se apoyó en sus garantías constitucionales y destacó la jurisprudencia en casos similares. "Se ha producido una flagrante inobservancia de las garantías constitucionales de presunción de inocencia e igualdad de trato ante los tribunales, como parte de la igualdad ante la ley", precisó el defensor Mario Sebastián Nolivo. A su vez, puso en duda la posibilidad de que su representado pretenda huir y se quejó de que "lo resuelto carece de la debida fundamentación, toda vez que ha realizado una interpretación errónea de las circunstancias que permiten acreditar riesgos procesales; puntualmente, el peligro de fuga".
Ramón Geldres asesinó de una puñalada al comerciante Claudio Araya cuando este último intentó reducirlo tras el robo de una cartera.
Frente a los argumentos de la defensa, el juez Apcarian recordó los antecedentes de Geldres e indicó que "a juicio del a quo, resulta posible en atención al peligro de fuga que justificó el encierro preventivo que se determinó teniendo en cuenta -en lo que interesa- los antecedentes computables (diecisiete años de prisión con salidas transitorias que fueron revocadas en ocasión de incumplir las reglas que se le impusieron) y la gravedad del hecho".
En igual sentido, mencionó la posición adoptada por la parte querellante: "Ha sido de entidad el hecho de que, al momento del homicidio por el que se lo condenó, Geldres se encontraba en uso de beneficios de la Ley 24660 de ejecución de pena privativa de libertad otorgados como muestra de confianza. Sin embargo, en plena salida laboral, cometió el homicidio".
Ante la respuesta del STJ, la defensa podrá recurrir a la Corte.
Antecedentes
Una decisión que generó polémica
El STJ se encargó de argumentar de manera sólida su posición en la causa Geldres, debido a que en otros procesos se pronunció a favor de reclamos de condenados por abusos. Meses atrás, ordenó la liberación de un cipoleño sentenciado a diez años de prisión e indicó que la decisión se relacionaba con que el fallo no estaba firme. La situación descrita generó una ola de repudio de familiares de víctimas y organizaciones no gubernamentales.
En ese marco, ayer resaltó que "el único encarcelamiento previo que cabe disponer es el que responde a razones de cautela, pues la restricción de la libertad es en los límites estrictamente necesarios, para asegurar que el imputado no impida el desarrollo eficiente de las investigaciones y no eluda la acción de la justicia. Para tal fin, debe enumerarse una serie de elementos con el fin de analizar la posible intención del imputado de evadir la acción de la Justicia o entorpecer el curso de la investigación".
