El juez federal Hugo Greca falló a favor de la Municipalidad de Roca y ordenó a la Dirección de Vialidad Nacional frenar la construcción de la Ruta Nacional 22, cuya proyección en el tramo cipoleño sigue siendo un gran misterio.
Greca tuvo en cuenta los argumentos de la comuna que, a través de sus representantes legales, había solicitado la suspensión de la obra hasta tanto Vialidad Nacional presente un informe ambiental y se realice una audiencia pública para evaluar la propuesta que pretende llevar adelante el organismo nacional. La obra contempla pasos elevados de la ruta por las zonas urbanas y en Roca ya se habían construido algunos que Vialidad, según anunció, no modificará. Los pasos elevados se sostienen con grandes murallas que dividirían en dos a las ciudades, sobre todo en el Alto Valle Este. En Cipolletti no hay mayores precisiones, aunque varias familias estaban a punto de ser desalojadas por la necesidad de ampliar la calzada.
El debate vecinal es más intenso en Roca, debido al avance del proyecto. Impulsados por el Municipio -que ahora pelea contra la ruta que hace años apoyaba-, más de 13 mil vecinos firmaron un petitorio para que se cambie el diseño de la autovía. De allí surgió el amparo.
Desde Vialidad Nacional indicaron a través de los informes que en ese momento había solicitado la Justicia Federal que “se encontraba en curso en el ámbito administrativo de su repartición un proyecto modificatorio del original”. Y se presentó el informe de impacto ambiental aprobado por el Consejo de Ecología y Medio Ambiente.
El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, prometió abrir una mesa de negociación con los intendentes para acordar cómo continuar la obra. Sin embargo, Vialidad intentó convencer al juez Greca cuestionando la legitimidad del Municipio roquense para representar la opinión de los vecinos. El juez falló contra el organismo y Nación deberá sentarse a discutir cómo será la Ruta 22.
Familias al borde del desalojo
Dos familias de Tres Luces, las que viven más cerca de la ruta, quedaron en la mira de Vialidad, que hace años inició el proceso de desalojo. Sus viviendas en el asentamiento irregular están cerca de la banquina actual, en terrenos que en el futuro serán parte de la infraestructura de la ruta. Las gestiones fracasaron porque la única alternativa fue una casa nueva en los planes de viviendas de la zona norte, lo que representaría la obligación a cada familia de pagar 400.000 pesos. El reclamo no es contra todo el barrio, sino contra las familias que complican la obra.