La capacitación inició con una exposición del fiscal general de Río Negro Marcelo Álvarez sobre Trata. En tanto el sábado el tema desarrollado fueron las “Técnicas de investigación en el delito de trata de personas”, a cargo del fiscal federal Marcelo Col
Cipolletti.- El fin de semana pasado se reunieron en la sede de la Asociación de Magistrados con asiento en Córdoba fiscales generales y procuradores generales de todo el país para compartir dos jornadas de capacitación y estudio, con la finalidad de elaborar en forma conjunta un protocolo investigativo para el delito de trata de personas.
El encuentro fue convocado por el Consejo Federal de Política Criminal nacional y la Fiscalía General de la Provincia. A la inauguración del encuentro se congregaron entre otros funcionarios, los ministros provinciales de Justicia, Luis Angulo, y de Gobierno, Carlos Caserio; la titular del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti, y el jefe de Policía, comisario general Alejo Paredes.
La apertura estuvo a cargo del fiscal general local, Darío Vezzaro; la titular del Consejo Nacional de Política Criminal, María del Carmen Falbo; el presidente del Consejo Nacional de Procuradores y Defensores de todo el país, Eduardo Quattropani y la vicepresidente de ese organismo, Liliana Piccinini.
La capacitación inició con una exposición del fiscal general de Río Negro Marcelo Álvarez sobre Trata. En tanto el sábado el tema desarrollado fueron las “Técnicas de investigación en el delito de trata de personas”, a cargo del fiscal federal Marcelo Colombo.
Luego se trabajo sobre la confección de lineamientos del protocolo investigativo para el delito de trata; el cual será aprobado en la reunión anual que se hará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de agosto.
La idea es que este protocolo pueda aplicarse en todo el país. Está especialmente destinado, y por ende a disposición de las policías y justicias provinciales que son generalmente las instituciones que toman contacto en primer término con el delito federal de trata. Además con este proyecto, se persigue aceitar la comunicación entre las justicias provinciales y federal.
