“Este fallo del Superior Tribunal de Justicia es connivente con la corrupción en la provincia”

Cipolletti.- “Este fallo del Superior Tribunal de Justicia es connivente con la corrupción en la provincia, esta es una prueba palmaria que existe un operativo cerrojo para con la Defensoria del Pueblo, le cierran la puerta al abogado de todos los rionegrinos”, así lo expresó la Defensora del Pueblo, Ana Piccinini, respecto al fallo del máximo organismo que sentenció que la defensora del Pueblo no tiene legitimación en la causa que tramitó la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por un presunto enriquecimiento desproporcionado del legislador Daniel Sartor.“Nosotros fuimos contra la resolución del Fiscal de Investigaciones Administrativas que hace aproximadamente dos años, resolvió archivar la presentación que habíamos hecho con respecto a la violación a la ley de ética por parte del legislador Sartor”, recordó.“Nosotros, en su momento, le pedimos al Fiscal, sin inmiscuirnos en sus facultades, dado que habíamos llevado tanto cantidad de pruebas, toda fehaciente, todas escrituras públicas, si nos podía mostrar la prueba en la que él se valió para decir que la nuestra no alcanzaba para demostrar un crecimiento desproporcionado del patrimonio del legislador Sartor, desproporcionado al relacionarlo con los ingresos que uno supone que en la función pública debió haber tenido”, indicó Piccinini.“El Fiscal de Investigaciones Administrativas se niega a brindar información y esta es otra cuestión importantísima –expresó la defensora - en la provincia de Río Negro, existe por ley el libre acceso a la información pública para todos los ciudadanos. La norma dice que cualquier ciudadano, sin necesidad de acreditar ningún tipo de legitimación, ni ningún tipo de relación con la causa que fundamenta el pedido, puede solicitar la información que quiera siempre que sea información del Estado”.“Bueno –remarcó - le niegan información a la Defensora del Pueblo, no me dan la información en la cual basaron el rechazo a mi pedido”.“Entonces vamos a la Justicia, independientemente de la causa penal por presunto enriquecimiento ilícito que le iniciamos a Sartor que, por otra parte, debió haber iniciado el propio Fiscal de investigaciones Administrativas y no lo hizo; antes que él mande al archivo las investigaciones nosotros fuimos a la Justicia penal”.La Defensora del Pueblo también indicó: “independientemente de esa denuncia penal fuimos a la justicia contencioso administrativa y planteamos que esa resolución era de nulidad absoluta porque la verdad es que es una pieza deplorable desde el punto de vista técnico jurídico. Esa facultad de cuestionar una decisión de cualquier organismo administrativo ante la Justicia también la tiene cualquier ciudadano”.“En ninguna de las causas que me ha rechazado el Superior Tribunal de Justicia, entró en la cuestión de fondo, lo único que dice es que yo no tengo legitimación2, explicó.“Si yo no tendría legitimación para actuar, entonces no puedo ser la Defensora del Pueblo. La legitimación que me dan para actuar la Constitución Nacional. Provincial y la ley del Defensor del Pueblo en nombre de los ciudadanos rionegrinos es el poder que me firma el constituyente para que, en este caso, transitoriamente sea yo la que actúe”, opinó.Además la defensora del Pueblo manifestó que “voy a seguir haciendo lo que corresponde, es más existe una puja entre la Defensoria del Pueblo y el Fiscal de Investigaciones Administrativas y esto no puede ser así, él tiene sus facultades y yo tengo las mías”.“Ahora estoy luchando con la violación flagrante a la Constitución de la provincia de Río Negro por parte de Barbeito, que dice en su artículo 88 que no puede aceptar candidaturas, los ministros tienen prohibido aceptar candidaturas, hace más de un mes que estoy luchando con este tema”. (Fuente: ADN)