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Un vecino de Viedma le ganó una demanda a la constructora de General Roca, que fue condenada a pagar poco más de 8 millones. Es una causa más que suma en contra.
La polémica empresa AZ Construcciones de General Roca sumó una nueva condena por estafa por no entregar una casa prefabricada a un cliente de Viedma, quien ante el incumplimiento presentó una demanda por daños y perjuicios.
El fallo, dictado por la jueza Julieta Díaz, titular de la Unidad Jurisdiccional Civil 1 de la capital provincial, condenó a los responsables de la firma, Néstor Fabián Jaramillo y su esposa Nora Jaqueline Mercado, a pagar al damnificado 8.072.658,62 pesos, además de abonar las costas del proceso y los honorarios de los abogados actuantes y un perito. Suma en total poco más de 2.2 millones más.
La causa se inició por una denuncia que presentó un vecino que soñaba con el hogar propio y que incluyó además a Juan Ponce, un empleado que era la cara visible del emprendimiento comercial.
El damnificado expresó que el 29 de agosto de 2019 acordó la adquisición de una unidad industrializada de 56 m² a instalar en Viedma, a cambio del pago de $1.006.960, a abonarse mediante un anticipo de $322.000 y el saldo en 60 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $11.416. Además debía construir la platea donde se montaría la obra.
Agregó que en septiembre de ese mismo año abonó los 322 mil del adelanto, 13 cuotas a un CBU de Mercado y culminó el contrapiso en marzo de 2020, con lo que se dio inicio al cómputo de 90 días de entrega de la casa, como se había definido en el contrato.
Entre medio, recordó que estalló la pandemia de COVID y que el Ejecutivo Nacional dictó el aislamiento a partir del 20 de marzo, pero que en abril siguiente el Ejecutivo Provincial emitió otro decreto que exceptuó de las restricciones la actividad de “obra civil de carácter privado”, en todo el territorio de la provincia y sujeto su desempeño al cumplimiento de protocolos sanitarios, por lo se rehabilitó la continuidad de los trabajos privados.
Por ese motivo, sostuvo, la entrega de la vivienda debía concretarse en julio de 2020, lo que no sucedió.
En octubre y noviembre siguiente el comprador consultó a Juan Ponce por las demoras mediante mensajes de Whatsapp y llamadas telefónicas, pero aclaró que solo recibió “respuestas evasivas e insatisfactorias”, y que estaban “a la espera de un camión con materiales que nunca llegó, sin cumplir con las promesas efectuadas”.
A fines de ese año envió una carta documento a AZ Construcciones en la que notificó que daba por concluído el contrato por el incumplimiento y los intimaba a que le reintegraran el importe de los pagos totales, intereses y el importe invertido en la confección de la platea.
Ante el incumplimiento de todo, en agosto de 2021 designó un abogado y elevó la demanda judicial.
La parte demandada también nombró como defensor a Francisco Moreno Del Hierro, quien presentó la renuncia que se formalizó en abril de 2024. En ese mismo mes también se declaró la rebeldía de Jaramillo y Mercado por “abandono del proceso”.
Ya iniciado el juicio, se llevó a cabo la audiencia preliminar en la que el denunciante presentó pruebas y alegatos, mientras que no lo hicieron los acusados.
En su fallo, la jueza Díaz dejó a fuera del litigio a Ponce, quien era asesor comercial, y responsabilizó a Jaramillo y a Mercado por ser los titulares de la firma, a pesar que habían apuntado al empleado por haber firmado el contrato.
La magistrada aplicó la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial, que dispone que “los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe”.
En este marco, concluyó que el comprador “cumplió con su parte del contrato, ya que pagó las sumas acordadas en concepto de anticipo y 13 de las cuotas del saldo y, pese a ello, luego de reclamar al demandado la entrega de la vivienda objeto del contrato, no obtuvo respuesta favorable”.
Destacó que el reclamo del denunciante “cuentan con sustento probatorio” y que Jaramillo y Mercado “incumplieron con sus obligaciones contractuales esenciales”.
AZ Construcciones, con Néstor Fabián Jaramillo y su esposa Nora Jaqueline Mercado como titulares de la firma con sede en General Roca, ostenta una larga lista de causas judiciales por estafas. Las maniobras acusadas fueron todas similares: ofrecían la instalación de casas prefabricadas, las cobraban en su totalidad o con adelantos y cuotas, pero luego no ejecutaban las obras, destruyendo así los sueños de decenas de familias que soñaban con el hogar propio. Ya fueron condenados por juzgados del Alto Valle y también la Costa Atlántica provincial.
Este último fallo es de primera instancia, por lo que puede ser impugnado.