Esperan el sobreseimiento total en el caso Flavors

La resolución de la Justicia les trajo tranquilidad pero piensan que se los debió haber desvinculado completamente de la causa.Tranquilos pero disconformes, por insuficiente, con la falta de mérito que dictó el juez Juan Bernardi a los funcionarios y empresarios imputados en el caso Flavors, se manifestaron ayer los ministros de Familia Alfredo Pega y de Salud Cristina Uría, dos de los investigados en la causa, y su abogado Oscar Pandolfi. Para ellos, correspondía que el funcionario dispusiese el sobreseimiento definitivo, por no haber más posibilidades de pruebas ni de elementos que puedan eventualmente comprometerlos.En relación con las denuncias que se hicieron y la repercusión que alcanzó el caso, Uría fue además tajante: \"No se puede seguir haciendo política partidaria a costa de los programas sociales, de la necesidad de la gente y de la salud. Creo que esto se tiene que terminar\", manifestó.Los miembros del gabinete provincial y el letrado dieron una conferencia de prensa en el estudio del último, en la esquina de Miguel Muñoz y 9 de Julio de esta ciudad. Allí, lamentaron que se tendrá que esperar todavía hasta cuatro meses para el sobreseimiento, ya que tal es el lapso procesal para que se pueda efectivizar la medida.La causa Flavors data de 2008 y se originó a partir de una denuncia de la defensora del Pueblo Ana Piccinini, quien cuestionó la calidad y presunto mal estado de módulos alimentarios que se enviaban a escuelas públicas. No hubo riesgo para la saludA partir de la resolución judicial, Pandolfi señaló que ha quedado en evidencia que “ni hubo defraudación a la administración pública ni hubo riesgo ni peligro concreto” para la salud pública y que tampoco hubo “ningún tratamiento impositivo beneficioso para los fabricantes o proveedores, que fuera contrario a la ley”.Indicó que por las leyes vigentes, “no estamos en condiciones de apelar” la falta de mérito en procura de la desvinculación total de los imputados en relación con la causa. “Si hubiéramos estado en condiciones de apelar, lo hubiéramos hecho, porque consideramos que el juez debió haber ido más allá y haber sobreseído directamente en la causa, que es lo que correspondía”, enfatizó.Debido a que únicamente están pendientes planteos de la defensa de los imputados, el letrado dijo no creer que de sus resultados “pueda surgir nada que impida que la resolución se tomara en forma definitiva. Creo que el juez ha pensado que dada la repercusión social que tenía esto era preferible avanzar en la desincriminación de manera más lenta, pero a nosotros nos causó perjuicio”.Pandolfi dijo que en la extensa resolución judicial “se ha analizado cada una de las imputaciones que se hicieron meticulosamente y por ese motivo, precisamente, no estamos del todo conformes con la resolución, porque si bien esencialmente su texto demuestra la inocencia de los imputados, no llega hasta su conclusión, que era sobreseer como correspondía”.El ministro Pega, por su parte, manifestó que a partir de la denuncia, la causa y las medidas que se fueron adoptando “hemos visto un gran perjuicio en lo que significó la política social, y si bien habíamos elaborado herramientas y elementos, como la tarjeta social y los tickets, y resolvimos la situación, me parece que está claro que acá hubo un plateo de la dirigencia, como decimos nosotros”.Recordó que ninguno de los ministros imputados se acogió “a los fueros, nos presentamos a la Justicia, yo estuve en la Legislatura haciendo un informe explicando más de diez horas todo esto. Todo este tiempo hemos estado demostrando cómo se hacían las cosas, con los controles exhaustivos que hubo en todo sentido, del Tribunal de Cuentas, de los distintos ámbitos. Por supuesto que esperábamos ansiosos esta definición porque sentimos, sobre todo en lo personal, que ya habíamos sido juzgados previamente en los medios. Siempre digo que el único que no me pidió la renuncia fue el gobernador”, indicó. Pérdidas de puestos de trabajoPega lamentó la pérdida de puestos de trabajo en General Conesa ante la ida de la empresa cuestionada, debido “a todo esto que fue una puja de dirigentes y de denuncias que no pudieron ser sostenidas. Realmente, debieran reverse la función y el rol de algunos denunciantes”, indicó.En tanto, la ministra Uría dijo que “lo que nosotros creemos es que se ha hecho un terrible daño institucional” y lamentó el hecho de que “todo” se haya dirimido “mediáticamente”. Sostuvo que el equipo técnico del Ministerio de Salud “tiene una larga trayectoria y altísima responsabilidad en el trabajo que vienen haciendo”, por lo cual “de ninguna manera hubiera arriesgado su trayectoria, su trabajo, su capacitación, su experticia” permitiendo que productos de mala o dudosa calidad llegaran a las escuelas.Manifestó que \"toda la estructura\" de control y análisis del ministerio \"fue puesta en dudas. Es decir, no fue puesta en duda una ministro, fue puesta en duda toda una estructura técnica que no tiene nada que ver con la política y que no tiene que ver con estos avatares, con estas internas de la política partidaria\",