Con la expropiación golpeando a su puerta, la dueña del edificio en el que funciona el colegio Estación Limay aceptó un nuevo contrato de alquiler con la mutual. El vínculo será por diez años, tiempo suficiente para que los socios construyan un edificio en los terrenos que ya tienen en la ciudad.
El acuerdo se selló ayer en Cipolletti con una mediación del secretario de Trabajo, Lucas Pica, mientras ya estaba en marcha la sesión de la Legislatura en la que estaba previsto aprobar la expropiación del inmueble, de cuyo costo se harían cargo los socios de la mutual. Así de cerca estuvo el conflicto de tener una solución extrema. La chance concreta de que el proyecto fuese aprobado torció la firme decisión de la propietaria del inmueble, Marta Krause, quien se había negado a discutir un nuevo contrato de alquiler durante casi un año de infructuosas negociaciones. Así lo aseguraron padres del colegio y fundamentó el Ejecutivo provincial, que había girado el proyecto con acuerdo de ministros para su aprobación en una sola vuelta.
Finalmente, hubo acuerdo entre las partes y el colegio seguirá funcionando en su ubicación actual.
El Consejo Directivo del colegio Estación Limay informó ayer que llegó a un acuerdo con la dueña del predio donde funciona el establecimiento. Firmaron un contrato de alquiler y el precio establecido será el que disponga el mercado inmobiliario. La cifra será superior a la que paga actualmente la mutual del Limay, pero inferior a los $800 mil que llegó a reclamar la propietaria.
El dinero fue un punto de discordia, pero mucho mayor fue el conflicto en torno a la duración del contrato. Los padres negociaron sin éxito durante varios meses para asegurar la continuidad de la escuela por un plazo prudencial que permita encarar la construcción de la sede propia.
“Se nos pregunta porqué en 23 años no construimos un edificio propio. Y no es porque no tuvimos la intención. Para hacerlo se necesitaba un mayor aporte de los padres y eso hacía que muchos no pudieran pagarlo. Eso evitó que fuésemos por el edificio cueste lo que cueste”, expresó Jorge Diez, miembro de la comisión.
Los padres habían logrado el apoyo del Ejecutivo para resolver el conflicto, pero finalmente se llegó a una solución antes de la expropiación del inmueble.
El colegio cuenta con 733 estudiantes y 129 docentes.