"Si bien son muchos los profesionales que deberán trabajar en el acto y dar las indicaciones de la interrupción del embarazo, muchas veces se debe culminar con un acto quirúrgico que lo hace el ginecólogo. En estos casos el personal deberá estar registrado e inscripto si tiene objeción de conciencia o no, ya que el profesional tiene el derecho de negarse a realizar la práctica", destacó Lasry. Mientras que agregó que no hacerlo implica sólo eso, ya que igualmente tiene la obligación por ley de asesorar y acompañar a la paciente en la decisión que tenga la mujer y en la evaluación que haga el equipo de salud.
"La ley es muy clara y dice que no sólo se podrán realizar abortos cuando existan riesgos de salud biológica, sino que también se tiene en cuenta lo psíquico y lo social, y serán cuestiones que también evaluará el equipo interdisciplinario del hospital", detalló. Señaló, a su vez, que no sólo los médicos podrán inscribirse en el listado de objeción de conciencia, sino también todos los trabajadores inherentes, como enfermeras, instrumentadores, anestesistas y ayudantes.
Lasry dijo que en el caso del hospital Moguillansky ya son dos los profesionales que expresaron su negativa para realizar abortos. Sin embargo -advirtió- si existiera un caso con las características que detalla la ley, se podrá implementar el protocolo sin problemas.
"La decisión del trabajador es muy personal donde entra en juego una discusión filosófica, ética, moral y religiosa, que deben ser respetables ya que no podemos obligar a que hagan algo sin consentimiento. Sin embargo no vamos a dejar a ningún paciente sin atención", confirmó el director.
Por último, añadió que es responsabilidad del Estado garantizar que en las instituciones exista personal adecuado y en conformidad a llevar a cabo las prácticas que regula la ley. "En caso de que todo el personal se niegue, voy a ser yo el que realice la interrupción del embarazo", afirmó.
