Cipolletti.- Una vez más el Gobierno de Río Negro apela a encubrir su inacción, su desidia y desinterés por los derechos de los/as niños/as y adolescentes a través de declaraciones y comunicados de prensa que sólo demuestran demagogia, mentiras y desesperación ante la evidencia de hechos que hablan por sí mismos.
Como ya lo hemos manifestado, el Gobierno, luego de constatar las acciones que efectuó el cuerpo docente del Jardín 85 una vez que tomaron conocimiento de la denuncia de abuso infantil, sólo operó para desinformar y “correrse” de la (ir)responsabilidad con la que actuó, para tratar de dejar en el centro de la escena sólo a docentes y padres, esperando que se transforme en un problema entre ellos. Concreta esta maniobra poniendo bajo sospecha a las docentes que, paradójicamente, son las únicas que actuaron en forma inmediata para que el acusado de abuso no continúe cometiendo el aberrante delito, para salvaguardar a la víctima y para dar intervención a quienes debían actuar y no lo hicieron: el Poder Judicial y el CPE.
Como nueva muestra de su estrategia, el Gobierno, a través de las declaraciones irresponsables y mentirosas del Vocal del CPE FernandoLópez, difunde falsedades en una maniobra que intenta eludir las obligaciones que no cumplimentó. (ver prensa de la Página del Ministerio de Educación de fecha 14/07/15). Una vez más utiliza a este Funcionario que penosamente ya nos acostumbró a que lo conozcamos por su irresponsabilidad, desconocimiento e intencionalidad de arremeter contra la verdad y la justicia más que por su labor en el CPE.
Estas declaraciones responden, sin lugar a dudas, al trabajo constante que venimos realizando con las docentes del Jardín 85 y con el colectivo docente del Nivel Inicial de la localidad para poder llevar certezas a la comunidad de cómo fueron los hechos, de cómo se actuó y de quiénes han sido los que desprotegieron a los/as niños/as y vulneraron los derechos de las compañeras. A pocos días de la “Carta Pública a la Comunidad” que dieron a conocer las docentes del Jardín 85, del apoyo y solidaridad de cientos de delegados/as de toda la provincia expresadas en el plenario provincial realizado en Fiske Menuco- Roca los días 30/06 y 01/07 y del planteo de UnTER en las paritarias del 03/07, el Gobierno acude a un acto de desesperación para cubrir sus espaldas. A esto debemos agregar que cuatro compañeras ya han sido sobreseídas en los sumarios lo que va permitiendo ordenar el escenario de confusión que el Gobierno alentó y que ahora desespera para no afrontarlo.
Aquellos sumarios aún en curso no logran ser encuadrados, ni por la Junta de disciplina ni por el CPE, en procesos serios y acordes a derecho y solo persisten por la propia subjetividad, arbitrariedad y desesperación de ellos mismos en cubrirse las espaldas. Procesos sumariales tan viciados de nulidad y arbitrariedad que hasta lo llevan adelante las mismas personas que no accionaron durante meses,aquellas que son indicadas como responsables y que ahora pretenden erigirse en jueces ecuánimes, como es el propio Vocal López, quien es uno de los que interviene como Miembro del CPE en la sustanciación de los sumarios.
En sus últimas y penosas declaraciones el Vocal Gubernamental del CPE expresa: “Desde el cuerpo colegiado, se ha obrado en el marco de la normativa vigente y anteponiendo el interés superior de los niños”. Ante ello preguntamos: ¿Por qué el sumario al acusado de abuso no avanzó durante más de tres meses? ¿Por qué sólo se lo apartó del cargo y luego el expediente durmió en vaya a saber que cajón de escritorio de algún funcionario?
Las docentes en menos de dos días elevaron la denuncia a Viedma y solicitaron la intervención del Equipo Interdisciplinario para que aborde la problemática. En cambio, ¿qué acciones llevaron adelante el CPE y el Ministerio de Educación? ¿Por qué sólo actuaron ante la presión de las familias y no antes?
Las docentes se asesoraron en la Defensoría del Menor y en el Juzgado Penal e instaron a la familia a que radique la denuncia. En cambio,¿qué acciones de contención, de asesoramiento y protección a los/as niños y familias realizó el CPE - Ministerio?
Los/as docentes nos movilizamos a Tribunales para exigir el Juicio Político e investigación del Fiscal Oscar Cid, quien durante más de tres meses no llevó adelante una sola medida para investigar y juzgar al culpable. En cambio, ¿qué hizo -y hace- el Gobierno ante este claro incumplimiento de los deberes de funcionario público del Fiscal?
Asimismo el Vocal afirma "Decir, además,que no existe normativa acerca del abordaje de esta problemática,deja a las claras que dichos docentes no trabajaron responsablemente en el tratamiento de la Guía Federal de Orientaciones del Ministerio de Educación Nacional, que fue abordada en espacios institucionales y en capacitaciones de Educación Sexual Integral". Ante estas afirmaciones impunes del Sr. López, le preguntamos ¿qué artículo o que párrafo se violó de la Guía Federal de Orientaciones que usted cita? ¿Cuantos espacios Institucionales garantizó el Gobierno para debatir y conocer esta Guía?
En Río Negro NO hay protocolo para estas situaciones NI siquiera después de lo ocurrido en el Jardín 85. Tampoco ha habido capacitaciones y cuando se le pidió asesoramiento al CPE por el caso concreto NO dieron respuesta. A ello se le suma que durante meses cajonearon el sumario y sólo actuaron irresponsable y demagógicamente cuando se hizo público.
Desde el año pasado exigimos que se elabore un protocolo de actuación ante casos de abuso sexual infantil y el Gobierno aún no da respuestas. En cambio, reduce la cantidad de Jornadas Institucionales, que son los únicos momentos en que el colectivo docente puede elaborar pautas colectivas de trabajo y acción ante las problemáticas de las escuelas. Asimismo solo ofrece capacitaciones "virtuales" y recorta las licencias por capacitación.¿Qué dice el Vocal López ante la quita sistemática de las Jornadas Institucionales durante el 2013 y 2014 como instrumento punitivo ante los reclamos docentes? ¿Qué opina acerca de las trabas a las capacitaciones (ver Resolución 1688/13) que permitirían a los/as docentes tener una mejor perspectiva de acción ante las problemáticas escolares?
Una vez más afirmamos que la prioridad debe ser siempre salvaguardar el interés superior del/la niño/a afectado/a, por ello es fundamental que la denuncia se realice con celeridad, lo que habilita a las otras instituciones a actuar en el mismo sentido, léase Consejo Provincial de Educación y el Poder Judicial. Asimismo, es central trabajar en evitar la revictimización y profundización dela situación traumática del niño/a, a la que lo/a expondría la exteriorización del caso. Es por ello que se recomienda que sólo deban contar con la información los actores que intervendrán en el caso.
La normativa que cita el propio Vocal López, “Guía deOrientaciones para la Intervención Educativa en Situaciones Complejas Relacionadas con la Vida Escolar”, elaborada por los ministros de educación de todas las provincias del país en conjunto con la cartera educativa nacional, dice lo siguiente con respecto a la actuación requerida en casos de abuso sexual infantil:
"...Más allá del cumplimiento del deber legal que le cabe a cualquier funcionario público ante la problemática del abuso sexual infantil, resulta conveniente tener en cuenta algunas pautas que faciliten la contención y un acompañamiento respetuoso al estudiante afectado como, por ejemplo, garantizar la privacidad y el derecho de niños,niñas y adolescentes de que se resguarde su intimidad desde el primer momento en el cual se pudiera sospechar la existencia de una situación de abuso. Para ello, debe haber un cuidado especial en cada institución a fin de que la información sobre el posible abuso sólo sea conocida por aquellos actores de la escuela que intervendrán en la situación; y no sea un tema que circule, y entorno al cual se debata...".1
Siguiendo con las mentiras del Vocal López nos preguntamos ¿qué objetivo puede tener el Vocal del Gobierno al anunciar “...recientes resoluciones que establecen como condición a quienes ingresan por primera vez al sistema, la necesidad de rendir un examen preocupacional y obtener el Certificado de Antecedentes y de Reincidencia, como también concretar exámenes periódicos...” cuando la Resolución N° 1930/15 sólo estipula que los docentes que ingresan a trabajar en el sistema educativo se realicen un examen preocupacional pero de ninguna manera establece que deban realizar certificación de Antecedentes y de Reincidencias? ¿Será que quiere encubrir su propia desidia y responsabilidad para continuar poniendo como centro de sospecha a los/as trabajadores/as de la educación? Solicitar certificado de Antecedentes y Reincidencias,retrotrayéndonos a épocas nefastas y genocidas, permite abordar y combatir el Abuso Sexual Infantil?? ¿¿Esa es toda la propuesta del Gobierno??
El Estado se corrió y pretende seguir corriéndose de las obligaciones que le competen: el poder Judicial no hizo nada y el Ministerio de Educación, el CPE, la Junta de Disciplina y sumariante, tampoco. A través del sumario deberían haber citado a docentes, directivos y familias para que hablaran del hecho pero, en cambio, no investigaron por más de 3 meses.
Esta responsabilidad que se centra en el Estado, más allá de los poderes, evidencia qué tan importante es la infancia para el gobierno, que sólo se manifiesta a través de consignas vacías a través de los medios, prometiendo celeridad en realizar acciones pero que no cambia la realidad escolar diaria. No sólo no garantiza espacios de formación permanentes y presenciales que aborden la temática sino que tampoco responde a las dudas y planteos de las comunidades educativas y mucho menos ha elaborado un protocolo de actuación.
Este caso demuestra que la única institución que funciona, aún con grandes falencias, es la Escuela, que trabaja casi en soledad para afrontar no sólo el proceso pedagógico de los/as estudiantes sino también las ausencias del Estado. Por eso muchas veces se ve desdibujado su rol, dejando de ser una institución (trans)formadora para ser el lugar donde se come, donde se atienden las carencias de salud, los problemas sociales y los económicos.
El gobierno se ha encargado de desmantelar el resto de las instituciones estatales que podrían haber intervenido y hubieran permitido afrontar estas situaciones que ocurren en la escuela, puesto que no todas las familias están en condiciones de costearse un equipo psicológico privado.
Pero el gobierno no sólo es responsable por la desidia y las omisiones que han llevado a la denuncia pública de los padres, sino que a conciencia ha promovido -y promueve- un quiebre en la comunidad educativa, pretendiendo enfrentar a padres con docentes para desligarse de su responsabilidad. En este sentido, no sólo aplicó a todos las docentes del jardín una medida de total ilegalidad, removiéndolos de sus cargos pública y demagógicamente, a viva voz y con el único objetivo de acallar la demanda de los padres atravesados por una genuina angustia, sino que mintió en la información que suministró el año pasado como lo sigue haciendo en estos momentos:
Primero:es mentira que existe norma legal que obligue en los jardines a que los maestros de áreas especiales estén junto a los maestros de sala, tal como le respondió este mismo Vocal a una mamá el 01/10/14 en la reunión pública en el propio Jardín.
Segundo:es mentira que un sumario no pueda avanzar en su investigación en forma independiente a la causa penal, según le respondió a otro papá; "... La sustanciación de los sumarios administrativos por hechos que pudieran configurar delitos... serán independientes de la causa criminal..." Se determina que "... Cuando paralelamente a la instrucción del sumario administrativo se sustancia por el mismo hecho una causa criminal, SE PROSEGUIRÁ LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA...").2
Tercero:es mentira que el Ministerio de Educación no estaba informado de la denuncia que se había efectuado en el jardín oportunamente, ya que la representante del Gobierno en la Ciudad de Cipolletti y subdelegada del Consejo Zonal fue quien firmó el acta de readecuación de tareas del denunciado, a realizar en el Consejo Provincial de Educación de esta ciudad, con fecha 10 de junio de 2014.
Por estos motivos, lejos de querer realizar una defensa corporativa, nos tomamos el tiempo necesario para verificar cada uno de los procedimientos que se realizaron. Reafirmamos que siempre vamos a apoyar a las víctimas de abuso. También vamos a denunciar, como lo venimos haciendo sistemáticamente, las mentiras, la demagogia y la desidia por parte de un gobierno que no se ocupó de las víctimas y lo único que hizo, para desligarse, fue dejar a un colectivo docente en situación de precariedad y vulnerabilidad. Un colectivo docente que no duda en sostener la escuela pública muchas veces sobre sus espaldas y que no va a dudar en denunciar y censurar a cualquier abusador para defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Desde la Comisión Directiva de UnTER Cipolletti seguimos exigiendo:
Celeridad en la investigación judicial y juicio al responsable.
Juicio político al fiscal Oscar Cid, el mismo que actuara en el caso de Otoño Uriarte, que demuestra una vez más su inoperancia y/o encubrimiento en situaciones de abuso o violencia de género.
Exigimos la investigación de los pasos realizados por la sumariante, la Junta de Disciplina y el CPE, por las omisiones en las actuaciones que se debían realizar desde principios de junio del 2014.
Exigimos al gobierno el cese inmediato de las medidas ilegales contra el personal docente del Jardín que lejos de aclarar y afrontar la situación colaboran en la desprotección a todos/as los/as docentes.
Exigimos el cese de informaciones erróneas, malintencionadas y mentirosas por parte del Gobierno y que comience a actuar con premura, responsabilidad y en defensa de los derechos de los Niños/as y adolescentes como también de los/as trabajadores/as.
REPUDIAMOS ENÉRGICAMENTE LAS MENTIRAS, FALSEDADES E IRRESPONSABILIDAD DE LAS DECLARACIONES DEL VOCAL DEL CPE, FERNANDO LÓPEZ, Y EXIGIMOS QUE LOS OTROS INTEGRANTES DEL CUERPO COLEGIADO, VOCAL MADRE Y VOCAL DOCENTE, SE PRONUNCIEN AL RESPECTO.
Como trabajadores/as de la educación que sostenemos la educación pública, pese a la desidia estatal, vamos a seguir afirmando nuestro compromiso con la verdad y el resguardo de los derechos de los niños/as y adolescentes. Por este motivo es nuestro compromiso seguir visibilizando el accionar del Estado, que lejos de preocuparse por garantizar los derechos integrales de los/as estudiantes, avanza en el desmantelamiento de las instituciones que deben abordar estas problemáticas y lejos está de políticas que tiendan a salvaguardar el interés superior del/la niño/a.
Vamos a seguir focalizando en los verdaderos responsables: el abusador, el Gobierno y el Poder Judicial, quienes, unos por acción y otros por desidia y omisión, trataron y tratan de avasallar el derecho de los niños/as y de las docentes para perpetuar la impunidad.
Comisión Directiva UnTER Cipolletti 16-07-15.-
1 - Guía Federal de Orientaciones para la Intervención Educativa en Situaciones Complejas Relacionadas con la Vida Escolar 2, Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación, p. 20.
2- Reglamento de sumarios, resol. 2288/93 art. 52.