Cuando ayer el desalojo era inminente, llegó a esta ciudad, golpeó la puerta de los Tribunales y pudo frenarlo. Pidió un abogado defensor (público) y un mes para encontrar una salida.
Referentes del movimiento popular La Dignidad acompañaron su reclamo y denunciaron el maltrato y la injusticia que padece Estefanía, sin abogado que la defienda hace por lo menos ocho meses.
“A ella la meten en cana por usurpadora y a los violadores los protegen. Así está la Justicia en nuestro país, lamentablemente”, manifestó la dirigente barrial Lila Calderón (ver aparte).
La casa que ocupó Estefanía pertenece a la cooperativa Nuestros Hijos Ltda. y ya tiene un adjudicatario. Se ubica en la calle Ramos Mejía al 3200, de Cinco Saltos. Al momento de la usurpación, recordó que la propiedad estaba deshabitada, con las puertas y ventanas abiertas. Días después, apareció el dueño.
“Yo me metí ahí porque no me daban bolilla en ningún lado y estaba totalmente desamparada, no tenía donde vivir”, expresó la mujer.
Estuvo presa
En 2014, la Justicia la declaró en rebeldía y pasó diez días en la cárcel. Luego, fue a juicio por usurpación. El juez en lo Correccional de Cipolletti, Julio Sueldo, la condenó y ordenó que desalojara la vivienda.
Hoy dice que no se quiere quedar con la casa. “Yo necesito un lugar donde vivir con mis hijos y un trabajo para salir adelante”, afirmó.
La orden judicial para abandonar el inmueble le llegó hace unos 15 días atrás, cuando aún no tenía defensor que la represente. “Recién ahora me van a designar un abogado. Lo que estoy pidiendo es un mes para que podamos hacer algo”, añadió.
