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En su momento, apeló a la vía administrativa para contar lo que estaba viviendo, pero al hacerlo, las situaciones de hostigamiento se agravaron cada vez más. Por lo tanto, recurrió a la Justicia; y el juzgado de Paz dictó distintas medidas para hacer cesar la violencia, entre ellas, una prohibición de acercamiento.
La medida contempla tanto el domicilio de la víctima como el establecimiento educativo en el que se desempeñan ambos. Incluso lugares públicos y privados en los que se encuentren. Tiene un alcance de 200 metros y una vigencia de 90 días desde la notificación, aunque puede ser prorrogable por un juez o jueza de Familia.
La docente consignó en la denuncia que viene sufriendo situaciones de acoso y hostigamiento desde el año 2019. También, que la persona denunciada tiene un cargo superior al de ella y que el contexto de violencia se agravó desde que puso en conocimiento a las autoridades.
Relató que en una oportunidad fue convocada para mantener una reunión junto con el denunciado y otro hombre. En ese contexto, dijo que cerraron la puerta con llave y sintió muchísima angustia. Incluso, manifestó que ese episodio repercutió en su salud.
Al momento de realizar la denuncia, adjuntó todas las constancias de la atención en la guardia del hospital y del profesional de la psicología que la acompañó. Además, presentó los dictámenes de la junta médica laboral y otros trámites que hizo en el Consejo Provincial de Educación.
La resolución del juzgado de Paz encuadró el caso en la modalidad de violencia de género en el ámbito laboral. Y en virtud de las denuncias por acoso sexual, humillación y persecución se consideró necesario adoptar medidas de protección. Sobre todo porque el acusado ostenta un cargo superior al de la víctima.
La mujer trabaja hace siete años en el establecimiento y, desde que denunció, se incrementaron los mecanismos de control por parte del acusado. Ello en función del cumplimiento de los horarios, de lo que hacía e incluso “exigiéndole cosas que no corresponden”, refirió en la presentación.
El caso fue abordado a través de la ley 26485 de Protección Integral a las Mujeres que busca garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida y el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia.