Detalles reveladores de una causa que mancha a la gestión Baratti ahora ponen al desnudo la fraudulenta operación que se llevó a cabo, con complicidad de al menos una empresa de servicios, para sacar rédito de algunos trabajos viales que jamás se concretaron.
El Municipio inicialmente atribuyó el hecho al empleado municipal Miguel Álvarez, quien entonces se desempeñaba como jefe del Departamento Vial, en el área de Servicios Públicos, y actualmente se encuentra separado para que la junta disciplinaria evalúe su conducta y decida su futuro.
Se le reprocha haber realizado contrataciones directas y dibujar presupuestos para beneficiar a un tercero. Pero la historia no termina ahí, ya que la Justicia ahora sospecha que los trabajos de mantenimiento de calles encomendados a una supuesta empresa de servicios no se ejecutaron.
El fiscal Martín Pezzetta está investigando la presunta comisión del delito de defraudación a la administración pública por un monto de dinero aún indeterminado pero que se cree abultado, ya que se presume que la maniobra fue reiterada y se extendió en el tiempo.
La investigación recién comienza, pero el fiscal ya pudo reunir algunos elementos de prueba que son contundentes para avanzar con otras medidas. Fuentes cercanas a la Fiscalía indicaron que en el expediente investigado hay dos presupuestos que son apócrifos, con la aparente finalidad de beneficiar a un tercero a la hora de realizar una contratación directa.
$43.000.000 es el déficit que dejó la gestión municipal anterior.
Además se investiga el destino de $11 millones que iban a ser invertidos en el pavimento del barrio San Pablo, obra que nunca se ejecutó pero los fondos desaparecieron. Se habrían utilizado para gastos corrientes.
La falsedad de los datos de uno de los presupuestos es tal que ni siquiera es real el membrete, lo que se ofrece y el monto pedido. A tal efecto, el funcionario judicial ya solicitó testimoniales que arrojaron luz y esperan convalidar otras sospechas. También pidió un informe a la AFIP y se prevé un estudio contable para precisar en números hasta dónde llega el supuesto fraude al Estado.
De la empresa contratada para hacer estos trabajos de mantenimiento con una motoniveladora no se sabe mucho, sólo que no es de la región. Nadie la conoce, aunque tendría personería. De todos modos, la Fiscalía duda que tenga la solvencia necesaria para haber hecho los trabajos encomendados.
Fuentes allegadas a la Dirección Legal, Técnica y Administrativa abonan la sospecha de una empresa que pudo haber sido creada al solo efecto de esta maniobra, para desviar fondos públicos.
Pueden ir hasta 6 años presos
Se supo que los presupuestos dibujados eran parte de contrataciones directas cuyos montos fueron prorrateados varias veces porque, de lo contrario, el Municipio tendría que haber iniciado un proceso de licitación. Como el empleado municipal investigado sería quien firmó las órdenes de pago, aunque no habría sido quien determinó las contrataciones, se presume que la Justicia apuntaría más allá para deslindar otras responsabilidades. Por el delito que se investiga (fraude en perjuicio de una administración pública) pueden sufrir penas de dos a seis años de prisión. La pena se agrava con la inhabilitación especial perpetua, si el culpable es un funcionario o un empleado público.