En el Municipio se destacó que se trata de la primera ordenanza de este tipo sancionada en Río Negro.
Tras casi un año de debate y estudios técnicos, el Concejo Deliberante convirtió en ordenanza la herramienta legal que permitirá al Juzgado de Faltas y al Ejecutivo determinar la destrucción de autos y motos secuestrados en operativos de tránsito que no hayan sido retirados por sus dueños. Un alto porcentaje de los vehículos incautados permanecen en poder de la comuna, cuyo depósito habitual colapsó, y se presume que los contribuyentes infraccionados ya no regularizarán su situación para poder recuperarlos.
“Es una ordenanza importante porque va a permitir reducir esa chatarra tomando las medidas preventivas para el manejo de los residuos (aceites y combustibles)”, destacaron los concejales durante la sesión de ayer, en la que el proyecto 157/12 fue aprobado por unanimidad.
“Tenemos una buena cantidad, ahora tendrán que salir los edictos y si nadie se presenta irán a desguace. Va a ayudar muchísimo (en cuestiones de espacio) y hay un trabajo muy bueno en el manejo de los líquidos”, dijo el intendente Abel Baratti.
Desde el Ejecutivo se destacó que hay unos 750 vehículos en condiciones de ser desguazados y se estima que los trámites administrativos para ordenar su compactación comenzarán de inmediato. Es que el Municipio intentará utilizar los servicios de la empresa contratada por Neuquén capital, que retirará su maquinaria del Alto Valle a fines de agosto. Según advirtieron miembros del Legislativo, facilitaría “la logística” de implementación de la iniciativa, ya que en el depósito de la comuna no hay lugar para instalar los equipos de desguace. “Como el volumen de la ciudad es menor, en comparación con el de Neuquén, podría llevarse a cabo ahí”, dijo el concejal Alejandro Goya Villagrán, quien el miércoles participó de una recorrida por el predio junto a Néstor Curcio, titular de Fiscalización.
“Se trata de la primera ordenanza de este tipo en Río Negro y ya algunos municipios nos han llamado para interiorizarse”, destacó Baratti.
Intimaciones
Los concejales aprobaron ayer el plan de la Secretaría de Fiscalización Interna y el Departamento de Tránsito, con algunas leves correcciones al último texto presentado. Según se estableció, la autoridad de aplicación será el Juzgado de Faltas, que determinará qué rodados son destruidos. Antes de ordenar la medida, los dueños serán intimados en sus domicilios. La ordenanza les otorga un plazo de cinco días a partir de la entrega del escrito para regularizar su situación y retirar su vehículo. Para ello, deberían abonar onerosas multas.
Funcionarios del Ejecutivo expresaron que, en la mayoría de los casos, se trata de autos o motos que fueron retenidos hace más de un año cuyos titulares nunca se presentaron a reclamarlos.
Analizan convenios con Invap y Neuquén
El Concejo Deliberante dio ayer ingreso formal a los proyectos de modificación de los códigos de Tránsito y Edificación, que comenzarán a ser analizados por la comisión de Gobierno y contemplarán presentaciones de funcionarios de distintas reparticiones del Ejecutivo para fundamentar las solicitudes. Además, se admitieron las iniciativas necesarias para avalar los convenios firmados por el Municipio con el gobierno de Neuquén capital y el Invap.
En el caso del acuerdo de cooperación entre municipios, el Legislativo deberá refrendar el pacto de gestión conjunta de proyectos de transporte, energía y manejo de residuos celebrado por los intendentes Abel Baratti y Horacio Quiroga. En ese sentido, resultó algo sorpresiva la demora en la presentación del convenio a los concejales, ya que el mismo se firmó hace dos meses.
Por su parte, la comisión de Obras y Servicios Públicos discutirá el visto bueno a la cesión de seis hectáreas al Invap en el Parque Industrial en las que se instalarán dos naves: una para la fabricación de herramientas relacionadas con la actividad petrolera y la restante dedicada a la investigación sobre energías no renovables.
Durante la audiencia de ayer, los concejales realizaron un minuto de silencio en memoria del trabajador municipal José Maciel, víctima del atentado por explosivos del que el sábado se cumplieron tres años.