La policía lo sorprendió en tres oportunidades deambulando en la vía pública en horarios prohibidos por las medidas sanitarias establecidas por el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” que regía en aquel momento. Fue una vez en marzo y dos en abril.
El acusado no pudo justificar qué hacía en la calle, pues no estaba comprendido entre las personas exceptuadas en el Decreto, por lo que se le inició el proceso judicial en el que resultó imputado.
Días atrás se realizó una audiencia conducida por la jueza Maria Agustina Bagniole, en la que la fiscal adjunta, Vanina Bravo, pidió la “desvinculación definitiva” del imputado, por “no haber elementos que permitan avanzar en la acusación”, indica el reciente fallo.
Al fundamentar el requerimiento, Bravo destacó que solo contaban con el testimonio de los uniformados que actuaron en los operativos, “sin haber podido reunir nuevos y mayores elementos”. La postura fue acompañada por el defensor Penal, Rodrigo Martínez.
La magistrada aceptó los planteos y refirió la ausencia de acusación fiscal al argumentar el sobreseimiento.
Lo llamativo del caso es que en las tres oportunidades en que el muchacho fue interceptado por la policía brindó una identidad que no era la suya. Mencionaba su auténtico apellido –Soazo-, pero daba otros nombres, según se destaca en la resolución judicial.
Resulta que el verdadero poseedor de la identidad que invocaba es un preso del Establecimiento Penal n° 11 de Neuquén, cumpliendo una condena firme.