La obesidad es considerada una enfermedad y las prepagas y obras sociales están obligadas a brindar cobertura para los distintos tratamientos médicos que requieran quienes la padecen. Así lo entendió la Procuradora General Silvia Baquero Lazcano al analizar una apelación presentada por el Ipross contra un fallo del fuero Civil cipoleño que le ordenó cubrir el 100% de los gastos de cirugía e internación de una paciente. La representante del Ministerio Público recomendó al STJ que se ratifique la sentencia y se garantice la prestación.
La amparista, una empleada municipal de Cipolletti, recurrió a la Justicia solicitando que el Ipross cubra totalmente la cirugía bariátrica recomendada por los médicos para tratar su obesidad. Según los presupuestos elevados, la intervención costará $28.000 y los insumos $35.000.
La obra social de los agentes públicos no se negaba a pagar, aunque contemplaba como obligación una suma menor: el 80% para del primer concepto y un 70% para los gastos de materiales y tratamiento post quirúrgico.
En las instancias judiciales ya definidas se coincidió en que el bajo salario de la empleada de la comuna hacía imposible que asuma el pago de los porcentajes restantes. Y por ello, Baquero Lazcano consideró: “(Ipross) no ha demostrado cómo podría la amparista tener garantizado el derecho a la salud -poder realizarse la cirugía con los materiales y el tratamiento posquirúrgico-, con sus magros recursos económicos, como así tampoco logra acreditar el recurrente de qué manera, en la situación planteada, la cobertura por coseguro podría asegurar el derecho a la salud y al mejoramiento de la calidad de vida”.
Y, por lo tanto, ratificó la sentencia original, que supone un importante precedente para muchas personas que padecen obesidad y que se topan con limitaciones de prepagas cuando encaran la cirugía del “by pass” gástrico, una metodología que requiere un cambio de conducta alimenticia y que permite revertir no sólo la obesidad, sino muchas de sus enfermedades que produce.