Un cipoleño se llevó una desagradable sorpresa al recibir la factura de Telefónica al advertir un exceso en el cargo de internet por 18.940,18 pesos, cuando en realidad, mensualmente, abonaba una suma fija de 767,62 pesos por un Plan One de 8GB. El cliente no pagó e inició los reclamos administrativos y judiciales, pero la compañía informó la deuda a un sistema de cobranzas y comenzó a recibir intimaciones. La jueza Gabriela Lapuente -en un proceso de “menor cuantía”- le aplicó a la firma una multa de $10 mil.
En el proceso judicial no surgió que los costos del servicio de internet plus hayan estado disponibles para consulta del cliente, tampoco que el consumidor hubiera recibido información adecuada y veraz sobre la modalidad del servicio que contrató y los costos, salvo el hecho de que poseía un servicio de 8GB con un plan fijo.
“El deber de información, considerado como expresión máxima de la actuación del principio de la buena fe, adquiere en materia de defensa del consumidor el rango de derecho fundamental, reconocido expresamente en el artículo 42 de la Constitución Nacional en tanto constituye una valiosa herramienta prevista para conjurar la superioridad económica-jurídica que generalmente detentan los proveedores", dice la sentencia de la jueza de Paz de Cipolletti, que admitió el reclamo.
“En relación a la gravedad del hecho, entiendo que el exceso de facturación que existió posee entidad suficiente como para considerar la conducta de la demandada como grave y pasible de sanción, aún cuando la empresa no se vio finalmente beneficiada ya que nunca llegó a abonarse la suma en cuestión porque el actor promovió los reclamos pertinentes”, se estableció en el fallo.
Finalmente, la empresa Telefónica Móviles Argentina S.A. (Movistar) fue condenada a abonar la suma de 10 mil pesos al cliente en concepto de daño punitivo.