Soyem pidió al Deliberante que modifique la ordenanza de la polémica, que actualmente excluye a las autoridades de las pruebas de alcohol y drogas.
La polémica por el protocolo de "prevención toxicológica" en el Municipio que obliga a los empleados a pasar pruebas de consumo de alcohol y drogas sumó un nuevo capítulo. El gremio Soyem denunció que el protocolo discrimina a los trabajadores y presentó un proyecto para que la ordenanza sea reformada para incluir a los funcionarios políticos. En el Ejecutivo se admiten dudas sobre la aplicación de las pruebas de alcohol y drogas.
El protocolo fue diseñado y aprobado sin participación de los sindicatos, por lo que su publicación en el Boletín Oficial generó un fuerte reclamo de los gremios municipales. En el Ejecutivo buscaron calmar la situación y afirmaron que el test obligatorio de drogas y alcohol no se aplicaría hasta no completar un extenso proceso informativo en cada una de las dependencias municipales.
Sin embargo, al profundizar el análisis de la ordenanza, tanto Soyem como Sitramuci cuestionaron duramente que los funcionarios políticos hayan sido excluidos de la obligación de pasar pruebas de consumo de estupefacientes. "La enfermedad de consumo problemático afecta a todos los estratos y niveles de jerarquía sin discriminar", manifestaron desde Soyem.
Ante las quejas, el área de Recursos Humanos advirtió que llevaría al menos seis meses cumplir los pasos previos a la realización de las pruebas, que se llevarían a cabo por sorteo o ante la sospecha de consumos problemáticos. Esto significa que la aplicación de la ordenanza corre por cuenta de la próxima gestión, que será encabezada por Rodrigo Buteler.
Funcionarios actuales el Municipio filtraron que ante las críticas internas, el protocolo podría quedar en el olvido, reservado solo a los casos de empleados que tengan faltas o actos de indisciplina y se sospeche que tienen problemas con el alcohol o las drogas.
Mientras tanto, como el protocolo es ley para los agentes públicos, Soyem pasó del reclamo a la acción y exigió al Concejo Deliberante que modifique el texto de la ordenanza. El sindicato planteó que según el estatuto municipal "la totalidad de los integrantes de la Municipalidad y los terceros referidos, gozarán de igual trato en la aplicación de las disposiciones" que adopte el gobierno local. Por ello, consideran que los funcionarios políticos no deben tener el privilegio de ser liberados de las pruebas de alcohol y drogas.
El sindicato justició además su reclamo en que la reglamentación laboral estipula que "las disposiciones y procedimientos que se establezcan, se aplicarán a todos los empleados y funcionarios de la Municipalidad, debiéndose efectuar de manera tal que no den lugar a estigmatizaciones o discriminaciones fundadas en razón de sexo, identidad de género, religión, estado civil, raza, ideas políticas, razones gremiales, edad, aspecto físico, discapacidad, jerarquía, ni a ninguna otra".
El protocolo otorga al Ejecutivo la potestad de despedir sin indemnización a cualquier empleado que sea reincidente en resultados positivos, mientras excluye a las autoridades de ser obligadas a un testeo. Para Soyem, es "una clara discriminación y diferenciación entre trabajadores municipales".
En el escrito al Deliberante, el sindicato que conduce Marcelino Jara, volvió a cuestionar que durante el debate del proyecto "se nos privó del derecho a la participación" de la elaboración de una ordenanza que "hace al derecho de la salud de todos los trabajadores municipales a pesar de haberlo solicitado".