Desde el sindicato de trabajadoras de casas particulares exigieron una convocatoria a negociar en paritarias. Advierten, además, que se están reduciendo las horas trabajadas y hay despidos.
Al cierre de abril, la falta de una convocatoria oficial para actualizar los sueldos deja en una situación crítica a las trabajadoras de casas particulares, conocidas comúnmente como empleadas domésticas. Desde el gremio afirman que lo ingresos no cubren la canasta básica y aumentan las reducciones de jornada.
El sector de las trabajadoras de casas particulares atraviesa un cierre de mes marcado por la incertidumbre técnica y financiera. A pesar del avance inflacionario, al finalizar abril no se ha reportado una nueva convocatoria a paritarias, lo que obliga a los empleadores a liquidar los haberes con los mismos valores aplicados en marzo.
Esta parálisis en las negociaciones profundiza el malestar en un rubro que ya se encuentra al límite de la subsistencia, según plantearon desde el Sindicato de Empleadas de Casas Particulares en Río Negro.
Desde los gremios del sector advierten que, aunque se mantuvieron mesas de diálogo periódicas durante el primer trimestre, la brecha respecto a la canasta básica familiar es insostenible.
Actualmente, el sueldo básico para una jornada completa de ocho horas ronda los $410.000. Según denuncian las representantes gremiales, esta cifra resulta insuficiente para cubrir los costos de vida elementales, situando a la mayoría de las trabajadoras por debajo de la línea de pobreza.
Además, existe una gran confusión respecto a las sumas no remunerativas. Durante febrero y marzo se otorgaron bonos de hasta $20.000 (proporcionales a la carga horaria). Sin embargo, al no haber un nuevo acuerdo firmado para abril, estos montos han quedado en un "gris legal". En la práctica, esto se está resolviendo mediante acuerdos individuales entre empleadores y trabajadoras para evitar una caída aún mayor en el ingreso neto.
La crisis económica ha forzado un cambio en la dinámica de contratación. Se observa una tendencia creciente a la reducción de jornadas: trabajadoras que antes cumplían ocho horas diarias han sido desplazadas a regímenes de cuatro horas.
Impacto salarial: En estos casos, los sueldos difícilmente superan los $250.000.
Consecuencia: Se mantienen las mismas responsabilidades y exigencias, pero con un impacto severo en la movilidad y la capacidad de subsistencia de la empleada.
Paralelamente, la estabilidad laboral está en jaque. En la región han aumentado las bajas de personal con mucha antigüedad, lo que ha derivado en un incremento de demandas ante la Cámara Laboral. Lo más preocupante, señalan las fuentes, es el aumento de la contratación informal o "en negro", donde se imponen pagos por debajo de la escala mínima bajo la premisa de "tomarlo o dejarlo".
La falta de novedades de la negociación a nivel nacional genera un clima de tensión constante. Sin una mesa de negociación que dé respuesta a la pérdida del poder adquisitivo, el sector se encuentra en un estado de alerta. Mientras tanto, miles de familias dependen de un diálogo directo con sus empleadores para compensar un sueldo que, en los papeles, ha quedado congelado frente a una economía que no se detiene.