Es el responsable de un carrito de choripanes de la Ruta 151. Le otorgaron una probation con pautas de conducta y el pago de un resarcimiento. Pero siguen funcionando.
El dueño de un carro de choripanes ubicado a la vera de la Ruta Nacional 151 en proximidades de la rotonda del Tercer Puente que une Cipolletti y Neuquén fue imputado en una causa judicial por golpear a un inspector y haber dañado un vehículo municipal durante un complicado operativo de desalojo y demolición del puesto, cuyo efecto duró poco.
La medida se cumplimento la mañana del 12 de abril del año pasado y había sido ordenada por el Juzgado de Faltas local, debido a que el comercio carecía de habilitación para funcionar.
Al plantear la acusación, la fiscal Rocío Guiñazú Alaniz describió que el hombre, identificado como Jorge Montiel, tuvo una actitud hostil hacia los participantes del procedimiento, que contó con apoyo policial.
El hombre, según precisó, primero reprochó a los funcionarios la tarea que estaban realizando y luego arrojó una piedra contra una máquina retroexcavador propiedad municipal provocando la rotura de uno de sus vidrios laterales.
Pero después se abalanzó contra el trabajador del área de Comercio, quien estaba redactando el acta del procedimiento, y le dio una piña en la mandíbula izquierda, provocando que cayera al suelo desplomado. Como consecuencia del golpe, el inspector fue asistido en el hospital local, donde le certificaron que sufrió el “aumento de volumen en maxilar inferior izquierdo que no impide la apertura bucal. Se evidencia excoriación en codo izquierdo". De todos modos, las heridas fueron consideradas de carácter leve.
Montiel fue acusado de haber cometido el delito de “daño agravado y lesiones”. La defensa adjunta del imputado, Luciana Villanueva planteó desde un primer momento el otorgamiento de una suspensión de juicio a prueba, el mecanismo judicial conocido como probation que permite evitar el juicio penal si se cumplen determinadas reglas de conducta en un lapso definido.
En este caso, la defensa ofreció, además de las pautas de comportamiento, 90 mil pesos en concepto de reparación económica a pagar en tres cuotas iguales. Del total $60 mil para el empleado agredido y los restantes 30 mil por el daño causado al tractor.
Destacó que había conversado acerca de aplicar la alternativa con el abogado querellante Ignacio Gigena, quien representó a la víctima.
Respecto a las medidas, que debía cumplir por el término de un año, propuso mantener el domicilio, abstenerse del consumo de drogas y alcohol en exceso y en la vía pública, no cometer nuevos delitos, presentaciones bimestrales en la Subcomisaría 79, prohibición de acercamiento a menos de 100 metros del domicilio y de forma personal a la víctima y la prohibición de “todo acto de hostigamiento o acto molesto a funcionarios y empleados municipales”.
El planteo de la defensa fue aceptado por la jueza Sonia Martín en una audiencia realizada el 21 de mayo posterior al incidente. En una nueva audiencia realizada semanas atrás Guiñazú Alaniz pidió el sobreseimiento del acusado, con el argumento de que había cumplido las pautas establecidas, el pago del resarcimiento y además se agotó el plazo fijado.
Tanto la querella, representada en esta instancia por Nicolás Paredes, como la defensora Silvana Ayenao, acompañaron el pedido la Fiscalía.
Mientras que la jueza Martín no expuso objeciones al requerimiento de las partes y dictó el sobreseimiento respectivo. En el fallo la magistrada declaró que el “la iniciación del presente proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado el imputado”.
Las autoridades habían explicado que el procedimiento lo realizaron luego de iniciar actuaciones a raíz de reiterados reclamos por faltas a las normas bromatológicas y por el riesgo que provocaba el local para el tránsito vehicular, dado que los clientes estacionaban sobre la banquina.
En aquel momento Diego Zúñiga, actual secretario de Fiscalización, destacó que habían alcanzado una instancia de diálogo con los comerciantes, quienes se habían comprometido a construir food-truck, un recinto que “se podría llegar a habilitar porque no es estructura fija”.
“Se les hizo un acompañamiento y seguimiento, siempre hemos apelado al diálogo, al consenso”, insistió Zúñiga entonces.
Sin embargo, el funcionario aseguró que los propietarios del puesto no cumplieron con lo acordado, a pesar de los reiterados reclamos y notificaciones. Ante la negativa y los plazos agotados, en octubre de 2024 labraron la primera infracción contravencional. Los dueños del carrito no modificaron la actitud, por lo que este el Juzgado Municipal de Faltas ordenó el "levantamiento y retiro del puesto", que se cumplió aquel 12 de abril.
De todos modos, a los pocos días que el municipio desmantelara las construcciones de madera con que habían armado el puesto comercial, volvió a funcionar. Primero instalaron un chulengo para cocinar la comida, y luego siguieron con otras mejoras, similares a las que habían sido retiradas.
Zúñiga explicó que siguen “en infracción”, y que “les hemos labrado nuevas actas y se los ha vuelto a intimar por el levantamiento de la estructura”.