La investigación arrancó por la denuncia de una médica. El supuesto autor accedió a una probation. Investigan vinculación por hechos similares en el Municipio.
Un vecino de Cipolletti fue imputado por vender certificados truchos para justificar inasistencias laborales. La causa se inició a principios de 2024, cuando una médica, que se desempeña en el hospital local y en una clínica privada, denunció que había tomado conocimiento que circulaban constancias médicas con su firma y sello, y que ella no había emitido.
La investigación iniciada por la Fiscalía permitió ubicar a un hombre de apellido Álvarez como autor de la maniobra y en mayo de 2025 le formularon cargos por el delito de “falsificación de documento”.
Según la acusación, entre el 10 de enero y el 16 de marzo de 2024 cuando el sujeto adulteró tres certificados médicos, con la prescripción de días de reposo, y utilizó para ello los datos de la profesional denunciante. Uno de los certificados fue presentado en una empresa avícola, donde comenzó a quedar expuesta la operación ilegal.
La Defensa de Álvarez pidió que le otorgara una Suspensión de Juicio a Prueba, el procedimiento judicial también conocido como probation que permite evitar el juicio penal si se cumplen determinadas reglas de conducta en un lapso definido. En este caso requirió que el plazo sea por un año, y además de las pautas de comportamiento habituales, también ofreció pagar un resarcimiento de 500 mil pesos con destino al hospital y a un establecimiento educativo local.
La Fiscalía no objeto el pedido de la Defensa, por lo que el juez interviniente le concedió el beneficio. En una audiencia realizada semanas atrás, la Defensa solicitó el sobreseimiento de Álvarez, con el argumento de que se había agotado el lapso establecido y que había cumplido con las medidas fijadas.
Entre ellas mantener domicilio, no tomar alcohol ni drogas en la vía pública, no cometer nuevos delitos, presentaciones cada dos meses en la Oficina Judicial y el pago de la compensación: 250 mil pesos para el hospital y 250 mil para el Jardín de Infantes 122.
La Fiscalía acompañó el pedido de sobreseimiento y manifestó contar con un informe actualizado de antecedentes, que da cuenta de la ausencia de ellos.
Frente la presentación coincidente de las partes la jueza María Agustina Bagniole resolvió el sobreseimiento del acusado. Sostuvo que “no solo no hubo controversia sobre la petición, sino que además la ley establece que, transcurrido el tiempo por el cual se imprime el trámite de suspensión de juicio a prueba, y cumplidas las pautas de conducta, se impone la desvinculación del probado de la investigación”.
En el fallo, la magistrada declaró que el trámite judicial “no afecta el buen nombre y honor que pudiera gozar el imputado”, tal como se lo exige el Código Penal.
La investigación judicial se inició tras la denuncia presentada por la médica logró un dato de relevancia cuando uno de los documentos fue presentado por un empleado de una importante firma avícola, donde se detectó su falta de autenticidad.
A partir de allí se inició una pesquisa para encontrar al falsificador. El testimonio del trabajador fue clave para avanzar en la pista. Declaró que había mantenido una conversación con el hombre de apellido Álvarez para conseguir un certificado y que luego le hizo una transferencia de dinero (en un monto no precisado) para adquirirlo. Sus dichos los corroboró con capturas de pantallas de los diálogos mantenidos y el pago efectuado.
Agregó que luego pactaron un encuentro en la esquina de Alem y La Esmeralda, donde el sospechoso le entregó en mano la prueba. Con esa información los investigadores efectuaron distintas averiguaciones para encontrar al acusado y lograron localizar dos domicilios ubicados en distintos puntos de la ciudad. Los policías fueron a ambos sitios, pero no lo encontraron.
Sin embargo, surgió una nueva pista por un episodio similar denunciado por el municipio de Cipolletti, cuyo hilo conductor era la ubicación geográfica. En ese expediente también aparece que la entrega del certificado se había realizado en Alem y Brentana, es decir a unos 150 metros del caso anterior, por lo que hizo presumir que el autor del ardid vivía en las cercanías. La Fiscalía intentaba establecer su domicilio para avanzar con la investigación y secuestrar ese material.