Las hijas de una paciente irrumpieron en un sector de acceso restringido e insultaron a los trabajadores. No querían respetar el orden de prioridad de atención.
El cumplimiento de los protocolos de emergencia médica fue el detonante de un grave hecho de violencia en Cipolletti. El incidente ocurrió en las instalaciones de la Fundación Médica, cuando familiares de una paciente atacaron al personal por priorizar la atención de un caso de emergencia.
En la ciudad, todas las instituciones médicas cuentan con este procedimiento técnico para clasificar la gravedad de cada caso, garantizando que las situaciones de riesgo de vida sean asistidas de manera inmediata antes que aquellas de menor complejidad. Los protocolos son similares, contemplando cuestionarios sobre los síntomas y el control de signos vitales por parte de enfermeros.
Sin embargo, el desconocimiento o la intolerancia ante estas normas de prioridad suelen desencadenar situaciones límite para los trabajadores de la salud. En el Alto Valle, tristemente, hay antecedentes en hospitales públicos y clínicas privadas, que en algunos casos llegan a la Justicia.
El incidente en la Fundación Médica fue en septiembre de 2025. En ese momento, ingresó al establecimiento una paciente de apellido Arriagada para ser asistida por la Guardia. Iba acompañada por sus hijas, Jessica Arteaga y Gisela Arteaga.
Al respecto, el abogado y apoderado de la institución, Nicolás Schroeder, explicó cómo se originó el conflicto que derivó en la agresión. "La agresión se produjo porque luego de que la mujer fuese atendida por lo enfermeros llegó un paciente de urgencia. El médico de guardia siguió el protocolo de triage, que se aplica hace mucho tiempo y está explicado en la zona de guardia. Era un paciente que había sufrido un ACV (accidente cerebrovascular)".
Ante la aplicación del protocolo, las dos acompañantes reaccionaron de forma violenta. Según consta en la denuncia penal, las mujeres insultaron a los trabajadores e irrumpieron sin autorización en dependencias de acceso estrictamente restringido.
En la denuncia se consignó que con su conducta, alteraron por completo el funcionamiento del servicio e interrumpiendo la atención de otros pacientes que se encontraban en la Guardia en situaciones de urgencia que requerían preferencia.
La gravedad de la situación escaló a tal punto que demandó la participación activa de los encargados de la vigilancia del lugar. "Fue una situación muy grave, que además duró dos o tres horas. Tuvo que intervenir personal de seguridad", detalló Schroeder.
A pesar de que el supervisor de seguridad intervino para retirar a las agresoras del sector restringido, las mujeres continuaron con su actitud violenta desde el exterior del área de triage. Las denunciadas mantuvieron al personal en una situación constante de tensión e incertidumbre, afectando gravemente la concentración y los cuidados en sus tareas.
Las principales destinatarias de los ataques fueron dos enfermeras, quienes se encontraban cumpliendo sus funciones en ese turno. El violento episodio se prolongó durante horas, concluyendo recién a las 1 del 20 de septiembre de 2025.
"Es importante aclarar que la paciente se fue de la Guardia después de recibir la atención médica completa", detalló Schroeder. El alta fue a la 1 de la madrugada y recién en ese momento se recuperó la calma en el centro médico.
Antes de retirarse de la clínica, las hermanas Arteaga realizaron amenazas de atentar contra la integridad física de las enfermeras, provocando un profundo temor en el equipo de salud ante la posibilidad de sufrir agresiones físicas al retirarse tras el cumplimiento de su horario.
Tras la denuncia inicial y su posterior ampliación llevada a cabo por el equipo legal de la clínica, el caso llegó a los tribunales locales. Esta semana se realizó la audiencia de formulación de cargos, que fue presidida por la jueza Sonia Martín.
Durante el acto judicial, la fiscal Eugenia Vallejos relató las evidencias recolectadas, entre las que se encuentran informes firmados por las enfermeras afectadas, registros de la historia clínica de la paciente y las filmaciones de las cámaras de seguridad del sector de guardia que capturaron toda la secuencia. La querella, representada por los abogados Nicolás Schroeder y Guillermo Moyano, adhirió formalmente a los hechos expuestos por el Ministerio Público Fiscal.
La jueza Martín resolvió dar por formulados los cargos contra Jessica y Gisela Arteaga bajo la calificación legal de violación de domicilio en concurso real con amenazas simples.
Como medida cautelar para proteger a las víctimas y evitar nuevos incidentes, la magistrada dispuso la prohibición de ingreso de las imputadas a la Fundación Médica y otras dependencias de Leben Salud por cuatro meses, tiempo que corresponde a la etapa preparatoria de la investigación. Las únicas excepciones contempladas por la Justicia serán el caso de que requieran un estudio médico específico debidamente acreditado o se trate de una urgencia médica real.
Frente a esta resolución, Nicolás Schroeder remarcó la postura institucional del centro asistencial ante este tipo de hechos delictivos: "Para nosotros como clínica es importante que esto se sepa para generar conciencia y proteger al personal de salud. Lamentablemente, este tipo de agresiones son comunes en las guardias. Y no se pueden tolerar".