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A principios del mes pasado dejó de funcionar la oficina del PAMI de Fernández Oro, por lo que sus afiliados mayores deben trasladarse hasta Cipolletti para realizar los trámites.
El motivo del cierre tuvo causas difusas. Una versión indicaba que había sido apurada por el municipio, debido a que el local ubicado en Mariano Moreno y José María Jorge no contaba con la habilitación correspondiente. Mientras que desde la comuna negaron tal hipótesis y aseveraron que el contrato de alquiler se venció y no hubo acuerdo con los propietarios para renovarlo.
De cualquier manera, la medida causa severos trastornos a los vecinos que deben realizar trámites y gestiones.
Hubo incesantes reclamos de afiliados que se conocieron en redes sociales y desde la política para que se encontrara una solución, consistente en alquilar otro inmueble.
El legislador Juan Martín -Juntos por el Cambio- fue uno de los que intervino para solucionar el conflicto mediante un proyecto de comunicación dirigido a las autoridades de la obra social.
Daiana Neri, coordinadora Ejecutiva en Río Negro del organismo nacional, informó que en eso están.
“Realizamos una compulsa y se presentó un oferente. Está en etapa de evaluación de nivel central de PAMI donde evalúa toda la documentación enviada por el oferente. Una vez que PAMI central pueda adjudicar, se reabrirá en ese nuevo local”, indicó la funcionaria ante una consulta de este diario.
Si bien no precisó una fecha estimada para la reapertura, destacó que “hoy las personas afiliadas pueden acceder a todos los trámites en la agencia de Cipolletti, que queda a 6,5 kilómetros de Fernández Oro”.
También dijo que pueden realizar gestiones a través de un teléfono de Whatsapp.
Problema de pagos y escritura
El legislador Martín presentó un proyecto de Comunicación dirigido a la directora Ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, y a la coordinadora Provincial, Daiana Neri, para que reabran el local de manera urgente.
“Resulta inadmisible el cierre” de la delegación que funciona desde hace 11 años en la localidad, sostuvo Martín, quien además de describir las incomodidades que provoca en sus afiliados, buceó en la polémica desatada.
Al respecto, recordó que al conocerse la medida la Unión de Trabajadores del PAMI responsabilizó al municipio de haber enviado una intimación en la que reclamaron la habilitación del local. En efecto, desde la comuna reconocieron que la notificación la envió la Dirección de Comercio y Bromatología para que se presentaran “de manera inmediata” la documentación requerida.
Sin embargo, Martín agregó que el intendente Mariano Lavín negó que se tratase de una clausura municipal e introdujo como nuevo condimento el conflicto desatado entre el propietario del inmueble y las autoridades del Pami.
Según puntualizó, el jefe comunal dijo en una entrevista periodística que la raíz del problema fue que dejaron de pagar el alquiler en febrero del año pasado y que el dueño pidió su desalojo. “Ese es el verdadero problema, no con la municipalidad”, sostuvo Lavín.
Pero aún más, precisó que la controversia se originó tiempo antes al no poder renovar el contrato porque el organismo exigía la escritura de la propiedad y al no ser presentado se cortaron los pagos.
Por ese motivo, según refirieron algunos vecinos, “el hijo de la propietaria decidió cambiar la cerradura del edificio, luego de solicitar su restitución por mucho tiempo, sin tener una respuesta favorable”.