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El efectivo chocó con una camioneta cuando se movilizaba con balizas y sirenas y, producto de las lesiones graves, falleció. Condenaron al conductor del rodado a dos años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para conducir.
Un juez de juicio de Cipolletti impuso una condena a un conductor por un hecho ocurrido el 8 de agosto de 2024, en el que falleció un efectivo policial que se desplazaba en motocicleta durante un procedimiento de persecución en Cipolletti. La decisión se tomó en el marco de un juicio abreviado realizado el 5 de mayo de 2025.
Durante la audiencia, que se desarrolló bajo la intervención del juez Guillermo Merlo, las partes acordaron los términos del juicio conforme al Código Procesal Penal. La Fiscalía, representada por Guillermo Ibáñez y Julieta Della Chá, expuso los hechos y propuso una pena de prisión en suspenso más la inhabilitación para conducir. La querella, a cargo de Cesar Alfaro, adhirió al acuerdo.
El hecho bajo análisis ocurrió en la intersección de las calles Fray Mamerto Esquiú y Don Bosco. Un efectivo policial, a bordo de una motocicleta oficial, circulaba con sirenas y balizas activadas cuando impactó contra el lateral de una camioneta. El vehículo mayor, una Renault Duster Oroch, ingresó a la intersección en contra de las normas de tránsito, lo que provocó la colisión. El impacto generó múltiples traumatismos en la víctima, lo que derivó en su fallecimiento inmediato.
La Fiscalía calificó los hechos como homicidio culposo, conforme al artículo 84 del Código Penal, en función de una conducción imprudente y antirreglamentaria. Se hizo referencia al incumplimiento de los artículos 39 inciso b y 41 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. Se presentaron diversos elementos probatorios: testimonios de personal policial, peritajes accidentológicos, relevamientos planimétricos, croquis del lugar, el testimonio de la esposa de la víctima, e informes del Gabinete de Criminalística.
El acusado expresó su comprensión del hecho atribuido, reconoció su responsabilidad penal y aceptó la pena propuesta. La defensa, a cargo de Alejandro Calarco, manifestó su acuerdo con los términos planteados por la Fiscalía y la querella, y renunció a los plazos recursivos.
El tribunal declaró admisible el acuerdo, consideró acreditados los elementos esenciales para validar la sentencia, y destacó tanto la exposición de la Fiscalía como el reconocimiento del imputado. Además, valoró la voluntad manifestada por la parte querellante para dar cierre al proceso.
El fallo impuso una pena de dos años de prisión en suspenso, cinco años de inhabilitación para conducir y la obligación de cumplir pautas de conducta durante un lapso de dos años. Entre estas medidas se incluyó la realización de un curso de manejo municipal y el seguimiento del IAPL. También se establecieron restricciones respecto al consumo de alcohol y estupefacientes en la vía pública.
La sentencia adquirió firmeza el mismo día de la audiencia. El tribunal ordenó la notificación personal del condenado y comunicó la resolución al Municipio de Cipolletti a los fines que estime pertinentes. También dispuso la apertura de un incidente para el seguimiento del cumplimiento de la condena.