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Gremios reclaman que el Municipio cubra los $300 mil que cuesta renovar el carnet profesional, requisito clave para los choferes. ¿Cómo es en el sector privado?
Los sindicatos Soyem Cipolletti y ATE Alto Valle Oeste encendieron el debate sobre quién debe hacerse cargo de los costos de los exámenes psicofísicos exigidos para la renovación del carnet profesional de conducir. La discusión pone en tensión la responsabilidad del Estado municipal frente a sus trabajadores y abre la comparación con lo que ocurre en el sector privado.
Los gremios presentaron una nota formal al Ejecutivo local solicitando que la Municipalidad asuma la cobertura total de los costos. En su escrito, remarcan que los choferes profesionales que manejan la flota de vehículos oficiales necesitan la licencia únicamente para cumplir funciones municipales y que, por lo tanto, “los costos de los mismos no pueden ser absorbidos por los trabajadores”.
El planteo no es nuevo. Durante 2024 se había implementado un esquema en el que el Municipio absorbía el gasto de los exámenes mediante turnos con profesionales que formaban parte de la estructura municipal. Sin embargo, esa modalidad quedó sin efecto cuando se modificó la metodología administrativa y, según denunciaron los sindicatos, hoy no hay personal habilitado dentro del Municipio para realizar esos estudios.
La consecuencia inmediata es que cada chofer debe pagar de su bolsillo los exámenes psicofísicos, que en Cipolletti superan los $300.000. “Es un gasto desproporcionado para un trabajador que necesita el carnet únicamente para cumplir con las funciones específicas dentro del Municipio”, remarcaron desde las organizaciones gremiales.
En contacto con este medio, Marcelino Jara, secretario general de Soyem confirmó que son aproximadamente 100 los trabajadores que deben renovar su licencia profesional. Sumado a que deben trasladarse a Centenario o Neuquén para realizar los trámites y luego pasar por una dependencia local.
Desde el Sindicato de Camioneros de Río Negro confirmaron a LM Cipolletti que, en el caso de los choferes que ya se desempeñan en una empresa, es la patronal quien se hace cargo de los costos de la renovación del carnet profesional. “Es un beneficio que se reconoce al trabajador porque se entiende que la licencia es una herramienta de trabajo”, señalaron.
En ese marco, los sindicatos municipales sostienen que el municipio debería actuar con el mismo criterio, garantizando igualdad de condiciones para quienes cumplen funciones de conducción en el ámbito público.
La exigencia de los exámenes psicofísicos no es menor. En Cipolletti funcionan centros privados habilitados para dictar los cursos y realizar las evaluaciones. Uno de los más concurridos cobra actualmente $340.000 por un proceso que incluye seis días de capacitación: cinco dedicados a teoría y simulación, y una jornada práctica al volante del vehículo correspondiente.
El costo, remarcan los trabajadores, se vuelve casi impagable para un salario municipal y amenaza con generar retrasos o dificultades en la renovación de licencias, con impacto directo en la prestación de servicios.
En la presentación, los gremios recordaron que el Municipio ya había reconocido la necesidad de asumir este gasto. En junio de 2024, la administración informó oficialmente que se haría cargo de los exámenes, asignando turnos a través de los profesionales contratados en ese momento. Sin embargo, con el paso de los meses esa vía quedó sin efecto. “Hoy nos encontramos nuevamente con que el peso económico recae en el trabajador, cuando se trata de un requisito indispensable para el servicio público”, insistieron desde Soyem y ATE.
La situación abre un foco de tensión que no es meramente administrativo. Por un lado, los sindicatos y trabajadores insisten en que se trata de un gasto que debe absorber el empleador, en este caso el Estado municipal. Por otro lado, surge la discusión sobre la disponibilidad de recursos municipales en un contexto de ajuste y de prioridades múltiples.
El debate no es menor: si el Municipio se hace cargo de los costos, deberá destinar partidas presupuestarias específicas que podrían alcanzar cifras millonarias según la cantidad de choferes que requieran la renovación. Si no lo hace, corre el riesgo de frenar o complicar servicios esenciales como el transporte de personal, el traslado de insumos y las tareas operativas de distintas áreas.