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Trabajadores del SENAF Cipolletti continúan denunciando maltrato, acoso y represalias por parte del delegado, y apuntan a funcionarios por encubrir su accionar.
La conflictividad dentro de la delegación Cipolletti de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) continúa escalando. A las denuncias por maltrato laboral, abuso de autoridad y hostigamiento contra el delegado local, Javier Sanz, ahora se suma el reclamo directo de la seccional local de ATE hacia funcionarios provinciales, a quienes acusan de “encubrir y convalidar” las prácticas denunciadas.
La secretaria general de ATE Cipolletti, Paola Suárez, en diálogo con LM Cipolletti, relató en detalle los hechos que desencadenaron el conflicto y la crítica situación que, según el gremio, atraviesan los trabajadores del organismo.
“El conflicto comienza a poco de asumir Javier Sanz. Los trabajadores empiezan a manifestar maltratos, formas autoritarias y un destrato permanente. Él quiere que todo pase por su decisión, incluso lo más mínimo, pero al mismo tiempo no les da herramientas para actuar. Les exige respuestas urgentes en situaciones críticas, pero no hay móviles disponibles para los trabajos, choferes ni condiciones adecuadas”, explicó Suárez.
Según ATE, el clima interno se deterioró rápidamente. Las denuncias se acumulan: desde comentarios ofensivos, como decirles que “si no les gusta, en La Anónima están tomando gente”, hasta prácticas que limitan el trabajo técnico, como la apropiación de espacios pensados para la atención de infancias. “Tomó una oficina que estaba adaptada especialmente para medidas de protección, y que garantizaba privacidad a niños y adolescentes. La convirtió en su oficina personal, y dejó al equipo sin lugar para trabajar”, señaló la dirigente gremial.
Pero la situación tomó un giro aún más grave cuando empezaron a conocerse denuncias por acoso por parte de trabajadoras. “Algunas lo denunciaron formalmente, otras no. También hubo acusaciones de trato discriminatorio. Todo esto es lo que encendió nuestras alertas. Lo laboral ya se tornó insostenible, pero esto excede todos los límites”, advirtió Suárez.
Además, el gremio reveló que el delegado intentó trasladar a trabajadoras acusándolas sin pruebas de malversación de fondos, sin iniciar un sumario ni recurrir a la Junta de Disciplina. “Usa ese argumento para sacarse gente de encima. Quiso mandar a una compañera a Cinco Saltos, dejar a otra a disponibilidad, pero nos opusimos, evitamos ese movimiento”, explicó.
En paralelo, Suárez denunció represalias internas. “Disolvió equipos de trabajo, cerró el programa de jóvenes en conflicto con la ley penal, y ahora busca desarmar Familias Solidarias. Se maneja con amenazas, aprietes y con una lógica punitiva constante”, señaló.
En este contexto, ATE acudió a una instancia de mediación en la Secretaría de Trabajo. Allí, el subsecretario de Recursos Humanos del organismo, Guillermo Beacon, se comprometió a iniciar un proceso sumarial contra Sanz, avanzar en la investigación interna y realizar jornadas de sensibilización en género y masculinidades, dirigidas especialmente al delegado.
No obstante, el gremio asegura que esos compromisos fueron rápidamente ignorados. “A menos de diez días, vino Aylen Ramírez, funcionaria de Viedma, no solo a desautorizar lo acordado, sino a maltratar a trabajadoras de la delegación.
La situación fue tan crítica que una de las trabajadoras sufrió una crisis de pánico. “Tuvieron que llamar al servicio de emergencias. Y ni siquiera querían firmar la atención médica como corresponde. El destrato llegó a un punto inadmisible”, aseguró.
Finalmente, ATE cuestionó que la funcionaria haya insistido en desarmar el programa Familias Solidarias, contradiciendo lo acordado con Beacon en el marco de la mediación. “No solo desconocen el acta firmada, sino que siguen operando con lógica de poder y maltrato. Esto no es gobernabilidad, es abuso. No puede ser que la solución que plantean a la falta de personal sea desmantelar programas y maltratar a la gente”, sentenció Suárez.
En declaraciones a LM Cipolletti, Javier Sanz había mencionado que se sentía perseguido por ATE por “ponerme trabas en mi labor”. para Sanz las críticas no sólo son infundadas, sino que responden a resistencias internas ante cambios necesarios. “Tuvimos reuniones y se acordaron puntos de reclamos que fueron resueltos. Al personal le cuesta acostumbrarse a lo nuevo. Hicimos cambios para mejorar, no para perjudicar”, expresó
En cuanto a la supuesta disolución de programas y vaciamiento institucional, Sanz negó rotundamente estas acusaciones: “No hay despidos ni vaciamiento en el SENAF. Lo que hubo fue una reestructuración de algunos programas, como el de Preventores, que se modificó por una cuestión de organización. En Fernández Oro, por ejemplo, el programa continúa con normalidad”.
En la actualidad, en Cipolletti trabajan 42 personas y en Fernández Oro 5, bajo su coordinación. Según explicó, los cambios impulsados buscan “una gestión más eficiente, con reorganización de tareas y reubicación del personal, algo que como delegado está dentro de nuestras facultades”.
Desde ATE exigen que se detengan las represalias, se respete la instancia de mediación, se garantice un ambiente de trabajo digno y se sancione a los responsables. Mientras tanto, el clima dentro del SENAF Cipolletti sigue siendo hostil, con trabajadores en estado de alerta.