Desde el Ministerio de Gobierno de Río Negro dieron a conocer el nuevo listado de deudores alimentarios en la provincia, y Cipolletti aparecen entre las ciudades que menos tiene.
El nuevo listado indica que en Río Negro hay 827 padres, -denunciados en los juzgados- que no abonan o lo hacen parcialmente la cuota alimentaria de sus hijos y/o hijas. En comparación con los datos difundidos en enero pasado, ahora se sumaron 30 nuevos infractores, pero se produjeron tres bajas.
Respecto de las localidades de estas personas, de ese total, 150 son de General Roca (lo que representa poco más del 18%). El mismo número tiene Viedma, por lo que ambas ciudades tienen el mayor número de deudores alimentarios de la provincia.
Luego, segundo lugar, aparecen los 123 de Villa Regina, y en tercero, los 62 de Bariloche. En tanto, Cipolletti aparece cuarta con 57 y luego Allen con 38. El ranking lo completan Ingeniero Huergo, Godoy y Chichinales con 15, San Antonio con 13, Cervantes con 11, El Bolsón con 10, Fernández Oro con 9, Choele Choel y Mainque con 7, Lamarque con 4. Por último, otros 95 figuran sin su lugar de residencia.
Según la Ley 3475 -de registro de deudores alimentarios-, se ingresa a la misma cuando la personas en cuestión “adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos, fijados u homologados por sentencia firme”.
Es importante recordar que quienes aparecen en este listado no pueden ser contratados por el Estado o acceder a cargos públicos. Además, en varios municipios del Alto Valle se han sancionado ordenanzas que limitan a los deudores.
Mira el listado completo:
La información del Registro surge de los juzgados de Familia de todo Río Negro, en forma periódica suele ser girada al Registro Civil y Capacidad de las Personas, que a su vez posteriormente la suministra a la Dirección del Boletín Oficial.
La provincia cuenta también con un Registro de Obstructores de Vínculos (OV), que incluye a toda persona, padre, madre, tutor o guardador, que impide el vínculo de los hijos o hijas con el progenitor no conviviente o familia extendida, entendiéndose por ésta a los abuelos, tíos, primos y nuevos hermanos.
Las altas y bajas del REDAM y del OV se dan por orden judicial. El certificado que acredita la condición de un ciudadano en relación a estos registros tiene validez por 60 días.