"Al no existir una norma que regule las acciones de las autoridades provinciales salientes al entregar la gestión, siguiendo algunos procedimientos mínimos que demanda un proceso de transferencia técnica, se genera un vacío legal que conlleva aspectos negativos de desgobierno y la eventual desatención de los servicios públicos", manifestó Cides en los fundamentos de la iniciativa parlamentaria.
El proyecto contempla un plazo máximo de cinco días tras la proclamación de autoridades, por lo que al jurar en cargo, cada nuevo gobernador rionegrino tendría información fehaciente y detallada sobre cada aspecto de la administración pública, algo que parece una obviedad, pero que casi nunca ocurre, y por ello podría fijarse una ley que le ponga freno a las chicanas políticas.
