Por: JAVIER PÉREZ
La Policía provincial atraviesa una grave crisis a raíz de sucesos que remiten a las más oscuras épocas del país, pero en un gobierno democrático. Lejos de vislumbrarse cambios estructurales o de funcionamiento, los episodios se suceden a diario. Se cobran víctimas y, además, perjudican a la mayoría de los miembros de la fuerza, quienes trabajan con honestidad pero cargan con el descrédito generalizado de la sociedad.
En junio, Diego Bonefoi (16 años) murió a manos de un disparo policial en su cabeza en Bariloche. Hubo una revuelta popular y otras dos personas perdieron su vida. Diego Larreguy (Gobierno), Victor Cufré (secretario de Seguridad y ex jefe de la Fuerza) y Jorge Villanova (jefe de la Policía) mantuvieron sus cargos. En octubre, Guillermo Trafiñanco (16 años) murió en Viedma al recibir un disparo por la espalda, presuntamente a manos de otro efectivo policial. Tras el hecho, el gobernador Miguel Saiz descartó cambios en el área de seguridad porque “aquí nadie dijo andá y mátalo”.
La decisión de Saiz es, al menos, llamativa a nivel de gobierno. E inentendible desde el análisis político. El gobernador se ató a sus dos funcionarios más cuestionados, Larreguy y Cufré, en un año en el que además hay causas judiciales abiertas que involucran a efectivos policiales: la denuncia por abuso sexual de una menor de edad en Guerrico y el reciente asalto a un móvil del Correo Argentino en la Línea Sur. El primer detenido fue un policía. Dos casos resonantes en torno a los cuales la Justicia deberá determinar la efectiva implicancia de los efectivos.
Tras el crimen en Bariloche, oficialmente se hizo pública la detención del cabo Sergio Colombil –presunto autor del disparo. Y por el caso Trafiñanco, Saiz aseguró que “esto ha ocurrido con agentes policiales que tienen bastante antigüedad y que vienen de la antigua escuela de Policía”. La referencia es para el acusado del asesinato de Viedma, Silvano Meza, con más de 20 años en la fuerza. Lo que omitió es que el efectivo se desempeñaba con dos denuncias por apremios ilegales en proceso, iniciadas este año. Una muestra de la ausencia de medidas preventivas para evitar nuevos hechos violentos.
El gobernador respalda a los tres funcionarios y así puede entenderse que –junto a Larreguy y Cufré- considera que los distintos hechos son aislados; errores de los distintos efectivos pero sin una vinculación entre que permita establecer la necesidad de cambios. Se señala a los efectivos, pero sin cambios en la cúpula ni en el rumbo.
Además, un fotógrafo viedmense, Carlos Thorp, denunció haber recibido una golpiza policial. Y aseguró que “yo hacía el ´laburo` sucio de la Policía, como quién seguía al ministro (Larreguy), quién lo acompañaba, quién es el que estaba apoyando, qué gente iba a las marchas. Me ocupaba de sacar las fotos de quienes iban para después darle, o no, apoyo político”, admitió.
El caso de Thorp es polémico porque se hicieron públicos los resultados de estudios médicos practicados tras denunciar las vejaciones policiales. Ninguna de las lesiones que el joven (19) aseguró padecer fue constatada. Sin embargo, el reportero gráfico hizo luego las graves afirmaciones sobre su desempeño para la fuerza, que deberá ser confirmado.
Ante este panorama, urgen medidas que modifiquen el rumbo de la Policía. Es llamativo que tras cuatro muertes con presunta participación de efectivos de la fuerza pública, para el gobierno provincial encabezado por Saiz, sólo Colombil y Meza sean responsables. Las responsabilidades fueron hacia abajo de la cadena de mandos. Y así, parece utópico pensar en la existencia de una fuerza responsable de éxitos en seguridad y no de delitos.
Por el momento, Saiz, Larreguy, Cufré y Villanova siguen el lema de la Policía: “Sustine et Abstine”. Soporta y abstente.
