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Todavía no hay respuestas reparadoras y contundentes para la adolescente que fue amenazada de muerte por un grupo de compañeros del primer año del CEM 17. Si bien un equipo de profesionales del Consejo Escolar escuchó a la menor, todavía no vuelve a clase. Ella no quiere volver al curso porque siente temor. Pidió un cambio de curso o de turno que la institución no da por seguro en función del cupo que debe tener cada aula. "Están viendo qué hacer", dijo su padre.
Con profundo dolor, manifestó su desazón ante la falta de respuestas del sistema. Por un lado, dijo, está la ley de bullying que dice proteger a la víctima; y por otro lado, la ley de convivencia que obliga a la víctima a convivir con su victimario.
"Este infierno ha sido un aprendizaje. Ya no es Ana, mi hija, es la cantidad impresionante de chicos que padecen bullying en Cipolletti. La mayoría, por no decir todos, no tuvieron solución. Los padres terminaron sacándolos de la escuela. Y el daño que les ocasionó fue tremendo", expresó el papá de la menor.
La dirección habló con los estudiantes involucrados en la situación, pero ninguno de ellos será sancionado. Al padre de la menor no lo sorprendió esta decisión, pero sí que no haya aún una reparación ni exista una solución concreta que dé tranquilidad a su hija para el retorno a clase en condiciones seguras.
El caso es más complejo aún porque la vulnerabilidad de su hija es palpable: por cuestiones de salud la acompaña una maestra integradora.
"De un curso de 30, son cinco chicos nada más los que ejecutaron las bromas contra mi hija. Y de esos chicos, dos nenas las que organizaron todo. El resto acompañó. Y si dijeran la verdad, podríamos resolver este problema", aclaró el hombre.
El caso de su hija llegó hasta el departamento jurídico del Centro de Promoción de los Derechos Humanos de la Unesco, donde varios operadores judiciales advirtieron acerca del vacío legal que existe entre el régimen de reclusión penal de menores y la ley de bullying. No hay protección. Y desde lo penal no se puede hacer nada. "Duele ver que desde las instituciones no se puede hacer nada", se quejó el padre de la menor.